Atiende desde el auto oficial que la trae de vuelta de una reunión, la última de un día agitado, en una semana agitada de un año agitado en un país que no da respiro. Es viernes por la tarde –recién a las 7.30 de la mañana se votó en Diputados la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)– y está sin dormir y sin comer.
En ese contexto, Elizabeth Gómez Alcorta hace con PERFIL el racconto de un año de la creación, el 10 de diciembre de 2019, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad del que está a cargo, y asegura que uno de sus principales desafíos no fue encarar la gestión en medio de una pandemia global, sino algo “que quizá es invisible a nivel público: todo lo que implica tener que armar, construir y poner en marcha un ministerio desde cero”.
—¿Qué balance general hace de los primeros doce meses de gestión, en este contexto tan atípico?
—Primero, destacar que, de los objetivos que nos planteamos para el primer año, pudimos cumplir todos; aun en medio de la emergencia, que por supuesto nos condicionó a modificar algunas prioridades. Pero después, haber diseñado y puesto en marcha a mitad de año el plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años, con 144 compromisos como el programa Acompañar, una demanda histórica de las mujeres y que implica apoyar económicamente por seis meses con un sueldo mínimo a quienes están en situaciones de violencia por motivos de género. También el cupo laboral trans en el Poder Ejecutivo, un paso clave en una población que consideramos la más vulnerada, con expectativas de vida de 40 años. Y transversalizar y poner en marcha la ley Micaela, que empezó el 10 de enero con una capacitación para el presidente y todo el gabinete, entre otras.
La pandemia hizo que hubiera que modificar algunas fichas en ese plan: reforzar el alcance de la línea 144 y acompañar con asistencia alimentaria a la población travesti trans, dice Gómez Alcorta. Y elige “no obviar” un dato más: “Según la ONU, Argentina ocupó el primer lugar en el marco de las políticas con perspectiva de género llevadas adelante durante la pandemia a nivel mundial”.
Otra cuestión clave que el MMGyD encaró es la de las políticas de cuidado, cuyas desigualdades se pusieron en evidencia como nunca este año. “La pensamos en cuatro ejes: por un lado, el trabajo de la comisión interministerial, con miradas sobre todas las poblaciones; un mapa federal junto con Cepal, que está en marcha y avanza; empezamos en septiembre la primera campaña federal de Cuidar en la Igualdad, no solo teniendo en cuenta cómo se hace en las ciudades y en ciertos sectores sino con las diferencias de cada lugar del país; y la comisión redactora del anteproyecto de ley, que tiene ocho meses para trabajar y escuchar a todos los sectores”, explica.
—Y para lo que viene, ¿habrá ayudas que puedan contribuir a cerrar brechas, más allá de la crisis general?
—Para principios de 2021 vamos a poner en marcha un plan nacional de igualdad en la diversidad, para poder trabajar no solo contra las violencias; y a trabajar más en el programa Igualar, para achicar brechas en el mundo del trabajo. También habrá una editorial del ministerio y más trabajo en el registro de promotores en las provincias.
El camino hacia la IVE. La ministra aclara que, en las semanas que faltan para el debate en el Senado, “veremos en función de las necesidades de los legisladores” qué función ocupará su cartera. “Sí entendemos que, como Ejecutivo, estaremos presentando el proyecto en las comisiones que ya se giraron y a disposición para lo que necesiten”.
—Si se convierte en ley, con los cambios por la objeción de conciencia, ¿cómo se va a trabajar para que no termine siendo un impedimento en algunas regiones con menos acceso?
—La objeción de conciencia es un derecho que está establecido en la Constitución, ya hay leyes que la regulan, lo ha dicho la Corte Suprema en el fallo FAL y formó parte de los consensos de 2018. En cuanto a la posible situación de que en algún establecimiento todos los efectores sean objetores, lo que garantiza el artículo 11 es una derivación efectiva que asegure que a quien se lo está derivando cumple con la práctica. Está pensado para el sistema privado y de obras sociales, la salud pública debe garantizarla. Y hay otra cosa que me parece importante, que es la mirada que tenemos nosotros hoy sobre las dificultades para acceder a la práctica por objeción, sobre todo en algunas provincias. Resulta lógico pensar que, frente a un nuevo escenario con ley, eso se modifique: cuando no se tienen protocolos, la inseguridad que pueden sentir los efectores de salud al llevar adelante una ILE puede ser grande. Por ello, ya de por sí la despenalización de la conducta y el reconocimiento como un derecho a la práctica modificará seguramente ese mapa. Cuánto y cómo habrá que ir viéndolo: en eso trabajará muy fuerte el Ministerio de Salud.
QUIÉN ES
- Nació en San Isidro en 1972. Es abogada, con orientación en Derecho Penal. Se define como “feminista y luchadora por el aborto legal, seguro y gratuito”.
- En el marco de las causas de delitos de lesa humanidad, defendió víctimas del terrorismo de Estado. Trabajó en el Poder Judicial de la Nación, Senado y Diputados.
- En los últimos años, coordinó el equipo de defensa de Milagro Sala, de la líder mapuche Moira Millán y Facundo Jones Huala.
