La Justicia federal no esperará las pruebas de Brasil y Estados Unidos, y avanza contra la constructora Odebrecht, sus socias locales y los funcionarios que les dieron contratos de obra pública con una hipótesis común a varias causas: sobreprecios y direccionamiento de licitaciones. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes judiciales de los tres principales expedientes del caso Odebrecht.
En los últimos días, Brasil confirmó por escrito a un juez federal que entregará las pruebas de coimas sólo si hay un compromiso de los magistrados de no avanzar contra los ejecutivos o funcionarios brasileños que confesaron en ese país. Ni penal, ni civil ni administrativamente. Las autoridades de Brasil se lo comunicaron a uno de los jueces que investiga un caso del Lava Jato. Para los jueces argentinos las condiciones impuestas por Brasil son “inviables” e “ilegales”. El acuerdo, sostienen, no será posible, a menos que cambie la legislación. En eso se está concentrando el Ejecutivo, que intenta cambiar un proyecto de ley para que el acuerdo con Odebrecht sea factible, y legal (ver recuadro). Mientras, los jueces saben que no contarán con las famosas y prometidas pruebas del pago de coimas.
Tres jueces federales concentran hoy los principales frentes para Odebrecht en la Argentina: el soterramiento, los gasoductos 2006-2008 y la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas.
Marcelo Martínez de Giorgi tiene a su cargo la investigación sobre presuntas coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la joya de la constructora, y un caso que toca de lleno a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y a la familia del presidente Mauricio Macri. La licitación fue ganada por Odebrecht y Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra –primo presidencial– en 2008, junto a Ghella y Comsa.
El objeto primero de la causa era determinar si Manuel Vázquez, asesor del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió coimas de la constructora. Esas pruebas están en poder de Brasil. Sin embargo, el juez y el fiscal del caso, Franco Picardi, comenzaron a ahondar en la contabilidad de las constructoras y en la hipótesis de sobreprecios o irregularidades en la licitación. Saben que Brasil sólo juzgó las coimas. El resto es campo abierto.
En el caso de la planta potabilizadora de Aysa en Tigre, el juez federal Sebastián Casanello viene observando circunstancias llamativas de la licitación. Fuentes judiciales aseguraron que analizan las cláusulas del contrato, las addendas que permitieron a Odebrecht hacerse de contratos por afuera del objeto de la licitación y el aumento de los montos abonados. O por ejemplo, por qué sólo dos consorcios empresarios ofertaron por esta obra. ¿Estaban direccionados los pliegos?
Esta semana, al menos dos de los juzgados que investigan a Odebrecht comenzaron a compartir la información secuestrada en los últimos allanamientos, como servidores de empresas y documentación, en busca de pruebas de irregularidades en las contrataciones. Fue luego de un pedido del fiscal federal Federico Delgado.
En la causa sobre los gasoductos, el juez Daniel Rafecas analiza ordenar una nueva pericia sobre los costos de las obras que hizo Odebrecht. La empresa brasileña ganó dos contratos a fines de 2006 para ampliar la capacidad de transporte de gas. El fiscal Carlos Stornelli denunció estos contratos en 2007 cuando investigaba Skanska y se topó con presuntas irregularidades en los costos de la obra de Odebrecht. Las sospechas del fiscal apuntaban a sobreprecios y es la “hipótesis firme” del juzgado, confirmaron cerca de Rafecas.
