Enojo con Milei por el traspaso de juzgados nacionales a CABA: "No descartamos nada contra este intento de avasallamiento"
Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados, señaló a PERFIL que el histórico proyecto es inconstitucional. "No obedece a ninguna demanda social", aseguró.
El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la llamada "ley ómnibus" que envió el gobierno de Javier Milei la semana pasada al Congreso, reavivó una vieja disputa entre la política y la Justicia: el traspaso de los fueros nacionales a la órbita porteña. Ante ese escenario, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Andrés Basso, ratificó ante PERFIL su fuerte rechazo a la medida: "No descartamos ningún tipo de acción para evitar que este intento de avasallamiento llegue a buen puerto".
Basso, integrante del Tribunal Oral Federal N°3 con asiento en Comodoro Py y uno de los tres jueces que condenó a Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, asumió la conducción de la asociación que nuclea a jueces y juezas de todo el país a mediados de mes. Durante una entrevista con este medio, reafirmó la negativa expresada orgánicamente ante la propuesta que el nuevo gobierno envió al Congreso y aseguró que su avance implicaría una violación a la Constitución.
La iniciativa está contemplada en el artículo 439. "Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años", dice el texto de la norma, ratificada el sábado en una entrevista que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le dio a Jorge Fontevecchia en PERFIL.
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- ¿Por qué se opone al traspaso y qué efectos negativos ve en su avance?
-La Justicia Nacional no puede pasar a la ciudad de Buenos Aires porque violaría la Constitución Nacional y nosotros orgánicamente no lo podemos permitir. Existen razones jurídico-políticas que privan de adecuada fundamentación a la propuesta y que hacen injustificable que se insista en llevarlo a la práctica. Si bien CABA es calificada como "gobierno autónomo", carece de verdadera autonomía institucional. La jurisdicción local y propia solo puede versar sobre faltas y contravenciones, materia contencioso administrativa y tributaria local. Esta cuestión ha sido resuelta por el Congreso a través de la Ley 24.588, que delimitó las funciones y garantizó los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. El pretendido traspaso de los fueros Penal, Civil, Laboral y Comercial de la Justicia Nacional no obedece en modo alguno a una demanda social ni permitirá lograr mejores en el servicio de Justicia.
- Antes de que se conozca el proyecto de ley hubo varias reuniones con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. ¿Estaba al tanto de que la iniciativa estaba en carpeta?
- Si uno repara en el contenido de la plataforma política que se presentó ante la justicia electoral la cuestión del traspaso estaba incluida. En este marco, es muy importante que exista una instancia de diálogo institucional maduro y constructivo, dentro de los roles de cada institución, para que la Asociación sea un canal de comunicación institucional con los poderes políticos para explicar las razones que nosotros venimos sosteniendo de manera inalterable y que desaconsejan todo intento de traspaso.
El documento de los jueces contra la ley de Milei.
- Más allá del comunicado de rechazo que publicó la AMFJN, ¿tienen elaborado un plan de acción? ¿Prevén pedirle una nueva reunión al ministro o incluso al presidente Milei?
- El nuevo intento de facilitar el traspaso nos pone en alerta permanente, nos mantiene activos y muy atentos. Hace más de dos décadas que, con mayor o menor virulencia, se pone de manifiesto la intención de muchos actores de la política de facilitarlo. Y la firme postura de la Asociación de oposición a todo tipo de traspaso jamás ha variado, la sostenemos con tenacidad y lo seguiremos haciendo como hasta el presente, por lo que no descartamos ningún tipo de acción para evitar que este intento de avasallamiento llegue a buen puerto.
- La llamada "ley ómnibus" propone modificaciones al Código Penal y plantea un aumento de penas a quienes dirijan cortes de calle o convoquen a marchas hasta un capítulo de legítima defensa que quita la punibilidad a quienes obren por obediencia debida. ¿Hay alguna de las modificaciones o novedades que le generen preocupación?
- Las propuestas referidas a las modificaciones de leyes vigentes, incluso aquellas de gran relevancia como las de Códigos de fondo (Civil y Comercial, Penal, entre otras), corresponden que sean discutidas en el Congreso. De allí que hay que esperar el resultado que tenga el tratamiento de cada propuesta. Soy consciente que muy probablemente habrá cuestiones que puedan ser judicializadas, y allí lógicamente actuarán los magistrados y magistradas que eventualmente estén llamados a resolver en la órbita de sus competencias. De modo que no cabe adelantar opinión en abstracto o fijar postura al respecto. Lo más importante aquí es que se respete el rol que la Constitución Nacional ha asignado a cada poder del Estado, único modo de fortalecer las instituciones de la república y, desde esa premisa, cada poder cumplirá con su tarea propia, conforme los preceptos y mandatos fijados en la norma fundamental.
