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Espionaje a jueces: rechazaron la liberación del hacker misionero, que podría ser investigado por asociación ilícita

Elías Nuñes Pinheiro sigue detenido al igual que Ariel Zanchetta, el ex PFA que mañana volverá a declarar. La situación de otros dos imputados y la declaración de un quinto sospechoso.

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Hackeo. El joven misionero de 22 años que se convirtió en protagonista de las causas. | cedoc

La causa judicial que investiga la tramitación de líneas a nombre de jueces como Horacio Rosatti y las presuntas maniobras de espionaje sobre un puñado de funcionarios judiciales clave sigue su curso en Comodoro Py. Y la situación sigue complicada para Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años detenido desde fines de junio y que admitió, en otra de las causas, haber hackeado al exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Ocurre que el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó su excarcelación y lo convocó a ampliar su indagatoria.

El magistrado concentra en su Juzgado las denuncias por la tramitación de líneas telefónicas a nombre de los cortesanos Rosatti y Carlos Rosenkrantz, junto con otras denuncias por intrusión en los teléfonos de jueces clave de Comodoro Py como Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Mariano Borinsky, intervinientes en procesos judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

En esa causa, el magistrado ordenó la detención de cuatro personas a fines de junio. Una de ellas fue el hacker Nuñes Pinheiro, oriundo de El Dorado, Misiones, que se entregó en los tribunales. Sus abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko habían redactado un pedido de excarcelación en el que manifestaron que su defendido solo había hackeado líneas por pedido de un usuario anónimo de Telegram, Eljuanxd, y que no había riesgos de entorpecimiento ni de influir sobre pruebas. 

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Piden la excarcelación del joven que hackeó a D'Alessandro

El escrito fue girado al fiscal Gerardo Pollicita, que se pronunció en contra del pedido, y luego el juez se pronunció en el mismo sentido. A través de una resolución fechada el 5 de julio pasado, Martínez de Giorgi reconoció que si bien Nuñez Pinheiro aportó sus datos y se presentó voluntariamente en sede judicial, "lo cierto es que se encuentra en desarrollo y cumplimiento una serie de medidas relevantes y conducentes en torno a una investigación compleja y en donde, incluso, se infiere la posible intervención y/o participación de otras personas cuya identidad y localización -de momento- se desconoce". 

A su vez, en la resolución a la que accedió PERFIL, el magistrado compartió lo dicho por el fiscal en cuanto a la existencia de "gravedad institucional de las maniobras comisivas que han damnificado a funcionarios públicos representantes del Poder Judicial de la Nación". Eso abre un escenario que "conlleva tener que adoptar una decisión desfavorable en torno al pedido excarcelatorio aquí formulado". 

Horacio Rosatti
Horacio Rosatti, uno de los damnificados por la tramitación de líneas a su nombre.

En la misma resolución, Martínez de Giorgi no descartó que pueda reformularse la imputación y atribuirle a Nuñes Pinheiro "delitos más gravosos". A continuación señaló que "se infiere posible" la aplicación del artículo 210 del Código Penal, es decir, es posible que se lo acuse por asociación ilícita.

Ampliaciones tras la declaración de un nuevo sospechoso

Así las cosas, los defensores del joven hacker apelaron la decisión mediante un escrito en el que consideraron que el pedido era "plenamente procedente" y dijeron que el juez decidió la denegación a partir de "una interpretación cuyo resultado termina siendo una presunción judicial basada en un razonamiento carente de significado real".

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Respecto de la posible imputación por asociación ilícita, el pedido de revocatoria los abogados aseguraron que no hay "argumentos reales ni serios (para aplicar la figura) porque no hay explicitación concreta respecto a cómo Ezequiel estaría vinculado a una supuesta asociación ilícita, cuál sería su rol, y cómo lo deducen". El incidente deberá ser resuelto por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal porteña. 

Mientras tanto, el joven hacker que permanece detenido en el Escuadrón de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería, a metros de Comodoro Py, fue convocado para una ampliación de indagatoria a partir del contenido de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la declaración de un sospechoso que fue detenido y liberado en las últimas horas

Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que el autor de esa declaración es un hombre que aparecía como titular de una cuenta bancaria a la que se iban a transferir los fondos exigidos a contactos del juez del TOC N°2 Rodrígo Giménez Uriburu durante el hackeo de su teléfono. El sospechoso fue detenido y allanado en las últimas horas, pero al ser citado a indagatoria desconoció la maniobra, explicó sus movimientos bancarios y manifestó ante la Justicia que no sabía de qué le estaban hablando. En principio la declaración fue convincente y quedó excarcelado.

Lista de hackeados
Algunos de los jueces víctimas de los hackeos.

La actividad seguirá mañana a las 10 horas. Es que mientras se espera el resultado de una serie de pericias, el juez también tomará una ampliación de la indagatoria al ex policía federal Ariel Zanchetta, detenido en Junín a fines del mes pasado, a quien también le denegaron la excarcelación. Junto con Nuñes Pinheiro, forma parte de un tramo complejo de la investigación, donde aparece bien direccionada la intención de obtener información acerca de jueces, ya que consta que hizo más de 2 mil pedidos de información de jueces a una base de datos.

Qué pasa con los otros imputados

El otro tramo de la investigación pinta más simple, de acuerdo a la interpretación de las fuentes consultadas. En este caso hay dos personas bajo sospechas: Nelly Valdés y Santiago Machado, oriundos de Misiones, y señalados en el marco de la tramitación de líneas telefónicas a nombre de jueces de la Corte.

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De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, Machado era vendedor de las tarjetas SIM que llevaban el nombre de los cortesanos y cobraba por ello. Valdés, en tanto, aparece sindicada como compradora. 

En el caso de ambos, en Comodoro Py creen que se trató de una maniobra básica muy ligada al contexto de vida de ambos imputados: viven en una zona humilde y se cree que se trató de una maniobra de subsistencia para acceder a datos móviles de internet de manera barata. Es decir, por el momento no aparecen ligados a una maniobra de mayor complejidad e intencionalidad como la que se plantea en torno a Zanchetta y Nuñes Pinheiro. Por eso, esta misma semana se podría definir la situación de ambos. 

Mientras tanto, los investigadores trabajan para completar el círculo de los hackeos y establecer el hilo conductor de las maniobras. No se descarta que con el paso de los días surjan nuevos nombres en la cadena.

 

AS/fl