Los Estados Unidos rechazaron ayer el planteo argentino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. “No vemos que la CIJ sea un lugar apropiado para resolver los problemas de la deuda argentina y urgimos una vez más a que la Argentina trabaje con los tenedores de bonos para resolver el tema pendiente”, indicó un vocero del Departamento de Estado. Una vez formalizado ante el tribunal, esta posición implica la extensión inmediata del proceso.
Este jueves, la Argentina había presentado una demanda en el Corte Internacional de Justicia de La Haya contra los Estados Unidos “por la violación de su obligación internacional de respetar inmunidad soberana” argentina y “la violación de su obligación internacional de no estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro Estado”.
El especialista en Derecho Internacional de la Universidad Torcuato Di Tella, Alejandro Chehtman, señaló a PERFIL que la demanda argentina no cuenta con antecedentes y puede ser definida como “heterodoxa”. Además, indicó que, si los Estados Unidos hubieran aceptado la demanda y la Argentina hubiera resultado como el vencedor del caso, “no sería esperable que modificara la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa porque ya está firme”. En este sentido, destacó que “aun en los casos en que los Estados Unidos recibieron un fallo desfavorable, sólo modificaron su política a futuro sin revertir medidas anteriores”.
Abogados internacionalistas y diplomáticos consultados por PERFIL apuntaron hacia una maniobra de naturaleza “política”. En este sentido, hay sospechas de que el caso haya sido impulsado por fuera de los canales de la Cancillería por la sugerencia del abogado Marcelo Kohen, quien asesoró a la Argentina en el caso por el embargo de la fragata Libertad en Gambia.
Otra alternativa con la que aún cuenta la Argentina es apelar a Naciones Unidas para que la Asamblea General, por la voluntad de una mayoría de sus miembros, pida una opinión consultiva –que no tendría carácter vinculante– a La Haya. En este caso, no sería necesario el visto bueno de los Estados Unidos para que prospere, pero el proceso sería más largo y no contaría con el rápido efecto político buscado. Sin embargo, hay antecedentes que muestran la dificultad de esa vía (ver recuadro).
Otro foro que fue mencionado como posible arena para acciones argentinas es el de la Organización Mundial del Comercio. Pero la investigadora de Flacso Valentina Delich, especialista en solución de controversias internacionales, indicó que el organismo “no podría intervenir porque sólo administra tres acuerdos comerciales que no tienen ninguna relación con el problema de la deuda”. Y agregó que “hay mucho celo en respetar ese principio porque en la OMC no se necesita el consentimiento del Estado acusado para que se inicie el procedimiento”.
Un mal antecedente
En relación con la posibilidad indicada por el Gobierno de recurrir a los órganos políticos de Naciones Unidas para que demanden una “opinión consultiva” de la Corte Internacional de Justicia, existe un antecedente poco esperanzador. En el año 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando la Argentina presidía la Asamblea General, la deuda era una acuciante problemática para todos los países de la región y se contaba con apoyos equivalentes, no fue posible organizar la “asamblea extraordinaria” sobre la deuda que impulsaba el canciller Dante Caputo. El ex funcionario explicó a PERFIL que “no fue posible porque los grandes no lo permitieron” y evaluó que el sistema de Naciones Unidas “no entra en los temas financieros”.
