El fiscal Federico Delgado abrió una causa penal este jueves con el fin de investigar la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional por el presunto encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado.
El magistrado le pidió al jefe de Gabinete Marcos Peña que informe de manera "urgente" qué tareas desplegó esa fuerza de seguridad en la ruta 40 aquel 1 de agosto, día en el que desapareció el joven artesano.
En un dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que se abra el caso a investigación, Delgado reclamó además que se pidan copias de todo lo actuado en Esquel y recomendó que el juez federal de esa ciudad, Guido Otranto, sea apartado de la causa central porque fue el que ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los hechos y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".
"Se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal N°1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut. A su vez, el Señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado" sostiene el escrito, según consignó la agencia DyN.
Delgado impulso así la causa, a raíz de la denuncia que presentó la semana pasada la agrupación Liga Argentina de Derechos del Hombre, en donde se acusaba a Macri, los ministros de Seguridad y Justicia Patricia Bullrich y Germán Garavano, junto a responsables de Gendarmería Nacional.
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto tras una protesta mapuche en la ruta 40 en Esquel. Testigos aseguraron en las últimas horas ante la Justicia que hombres de la Gendarmería se lo había llevado en una camioneta.
La denuncia que se radicó en Comodoro Py contra el Gobierno incluye también a Peña, al jefe de Gabinete de Seguridad Pablo Nocetti y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
La presentación renueva la acusación por la desaparición forzada de Maldonado y agrega "la tesis de un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad".
Para los denunciantes, hubo un "pacto de silencio" de las autoridades estatales, buscando "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".
"Se impone, entonces, impulsar la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación para chequear la verosimilitud de la denuncia. Aunque esa tarea sólo puede limitarse en esta ciudad para el segundo de los hechos; es decir, el encubrimiento", señaló Delgado.
El fiscal advirtió que para avanzar con la causa "es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado" y para ello es necesario reclamar copias del expediente de Esquel y que el Gobierno informe de manera urgente precisiones sobre su accionar en el caso.
