Néstor Marcelo Ramos, el abogado argentino titular de Helvetic Services Group e imputado en la causa de presunto lavado de dinero contra Lázaro Báez, figura en dos reportes de actividades sospechosas de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN). Ramos activó dos alertas del organismo antilavado por sus vínculos con otro empresario de la construcción en la región: Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de Venezuela que concretó negocios con el gobierno chavista.
El vínculo de Ramos con la familia Ceballos surge de los FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.600 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante el organismo FinCEN. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios de 109 medios de todo el mundo. Entre ellos, La Nación, Infobae y Perfil.
Ramos aparece en dos SARs (Suspicious Activity Reports), o reportes de operaciones sospechosas de una empresa por un total de US$262 millones, emitidos por la FinCEN en diciembre de 2013 y febrero de 2014. El argentino fue reportado ante el organismo por el Banco Espírito Santo de Miami por el movimiento de fondos en la cuenta de una sociedad, Sarleaf, de la que Ramos era “accionista nominal” y director.
Sin embargo, de acuerdo al informe bancario, los verdaderos beneficiarios finales de los fondos que receptó la cuenta de la empresa son seis miembros de la familia Ceballos: el magnate Alejandro Jesús Ceballos Jimenez; su madre, Maura Betty Jimenez de Ceballos; y cuatro hermanos del empresario venezolano.
El banco informó al organismo antilavado que la cuenta de Sarleaf había sido creada en 2012 para “proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela”, según el reporte. La compañía recibió fondos millonarios del gobierno venezolano, según el informe del organismo estadounidense basado en el reporte del banco.
Ramos es abogado y titular de Helvetic Services Group, la sociedad suiza utilizada por Baéz para comprar la financiera “La Rosadita” y luego sacar del país fondos a través de sociedad offshore y cuentas en Suiza. A través de la operatoria que le posibilitó Helvetic, Báez habría lavado alrededor de US$60 millones, según la acusación del juez Sebastián Casanello. El fiscal Abel Córdoba sostiene la imputación en el juicio oral conocido como “la ruta del dinero K” y pidió en julio 12 años de prisión para el empresario kirchnerista.
El juez Casanello busca indagar a Ramos por su rol en la maniobra de presunto lavado de activos, pero el abogado, aunque es argentino, tiene pasaporte italiano y vive en Suiza. Su pedido de extradición está en trámite, ya que las autoridades suizas no autorizan la medida solicitada por el magistrado argentino. Además, Ramos aduce graves problemas de salud.
Sarleaf Limited fue registrada en Londres en 2007 y estuvo inactiva hasta 2012, según los registros. Ese año, abrió la cuenta en el Banco Espírito Santo y la utilizó para recibir, entre otros motivos, fondos del gobierno de Venezuela por la construcción de viviendas populares en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda. Se trata del plan conocido como “Gran Misión Vivienda”, sostiene el informe del gobierno estadounidense.
En los SARs (Suspicious Activity Reports) del organismo antilavado de Estados Unidos, también aparecen reportados otros cinco abogados residentes en Suiza, que actuaron como los otros “accionistas nominales” de Sarleaf, entre los cuales está Claudio Giovanni Fontana, primer titular de Helvetic; y el sobrino de Ramos, el argentino Javier Martín Vanella, representante legal de la firma suiza en Argentina.
La existencia de “numerosas transferencias internas abultadas, frecuentes y en números redondos en dólares, enviadas a miembros de la propia familia Ceballos, a sus cuentas personales y a cuentas financieras para las cuales los contratos provistos para corroborar el origen de los fondos son cuestionables”, fue otra de las razones para reportar los millonarios movimientos bancarios.
Fondos para viviendas populares
En 2015, el proyecto de viviendas populares fue investigado por el gobierno venezolano y se encontraron “irregularidades” en su financiamiento. Un informe concluyó que Sarleaf había cobrado de más por su trabajo.
No fue la única acusación contra Ceballos. En 2018, la Asamblea Nacional de Venezuela –controlada por la oposición- lo investigó por su participación en varios esquemas diseñados para supuestamente beneficiarse con recursos públicos, pero la investigación no prosperó y se cerró.
Ceballos calificó las acusaciones como “sin fundamento”, promovidas por “intereses sórdidos”.
ICIJ le envió un cuestionario en agosto a Alejandro Ceballos Jiménez para esta investigación. Pero luego de dos prórrogas del plazo para responder y dar su versión, manifestó la imposibilidad para acceder a sus documentos debido al confinamiento en Caracas por el Covid-19.
En un correo electrónico en respuesta al pedido del Consorcio, escribió: “Debido a lo anterior, confirmó la imposibilidad de cumplir con su petición en el tiempo especificado, y reitero mi consideración a los periodistas, su valentía y su ética, siempre y cuando su trabajo se guía por el respeto a la verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable”.
En tanto, su hijo Alejandro Andrés Ceballos no respondió la requisitoria de ICIJ por correo electrónico, ni la carta que le envió una periodista del sitio venezolano Armando.info a la empresa principal de la familia, Inversiones Alfamaq.
Alertas de un banco también en la mira
Las instituciones financieras están obligadas a reportar a la FinCen si “saben, sospechan o tienen una razón de sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen delictivo o no tiene un propósito de negocios claro”. Estos reportes no son denuncias formales, pero deberían servir para otorgar al sistema financiero un mecanismo de defensa contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos y empresarios corruptos, delincuentes de guante blanco o narcotraficantes.
Los documentos emitidos por la FinCEN, en base a las alertas del Banco Espírito Santo en 2013 y 2014, sostienen que el gobierno de Venezuela es el principal cliente de Sarleaf, cuya actividad declarada es la venta de tubos de acero para la construcción. Además del plan de viviendas subsidiadas, la compañía de los Ceballos firmó contratos con la empresa nacional de petróleo Pdvsa y el programa creado para combatir la pobreza “Misión Che Guevara”, dice el banco sobre su cliente.
Según los reportes de FinCEN, los fondos provenientes del gobierno venezolano que ingresaron a la cuenta de la empresa fueron considerados “sospechosos” por implicar posibles hechos de corrupción a través de planes de viviendas subsidiadas. También por el “uso inusual de múltiples cuentas”, “documentación cuestionable o aparentemente falsa” y la “posible asociación con personas en Venezuela bajo revisión por aparente desaparición de fondos”, dice el documento.
Los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos se limitan a menudo a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando ya están siendo investigados por la Justicia. Para esas fechas, Nicolás Maduro ya era presidente de Venezuela.
Los documentos de respaldo de las operaciones bancarias “despertaron muchas preocupaciones”, dice el organismo en un reporte, y varios pagos a entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero aparecieron como “artificiales por naturaleza”, según reportes que el banco envió a la FinCEN en 2013 y 2014.
El Banco Espírito Santo es un banco portugués sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet.
En 2014, el Wall Street Journal reportó que las autoridades de Estados Unidos estaban investigando la oficina en Miami de Espirito Santo por supuesto lavado de dinero vinculado con Venezuela. Las autoridades portuguesas disolvieron el banco.
El destino del dinero
Según los documentos filtrados, US$97 millones que habían ingresado a la cuenta de Sarleaf salieron de la misma en poco tiempo -en algunos casos, en solo dos días- en montos elevados y hacia otras cuentas internas de la propia familia Ceballos.
Por ejemplo, US$20 millones fueron a una cuenta de la firma de la familia registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Sidon Enterprises Inc, destinada a “los ahorros, inversiones y gastos personales de Alejandro Andrés Ceballos”, hijo del líder de las empresas del grupo.
Otros US$22 millones fueron a Wexford Services, empresa también de Alejandro Andrés Ceballos, constituida en Panamá y con cuenta bancaria en Suiza, dedicada a la importación y exportación de productos de la construcción, según un reporte.
“El patrón de pagos y la porción significativa enviada a los miembros de la familia parece excesiva”, escribió Espírito Santo en un reporte de febrero de 2014.
Casi US$7 millones fueron enviados a dos firmas en Suiza. Sarleaf envió facturas y contratos para justificar esas transferencias, pero el banco concluyó que eran probablemente “artificiales por naturaleza”, es decir, que eran transferencias apócrifas que podrían implicar lavado de dinero o evasión de impuestos.
Los movimientos reportados como sospechosos ante la FinCEN incluyeron el envío de otros US$10 millones sin propósito identificado desde la cuenta de Sarleaf a Mercantil Valores Agente de Valores, una financiera controlada por el empresario argentino-israelí Diego Marynberg en Uruguay. El equipo argentino de ICIJ le preguntó a su abogado sobre el objeto de esa transacción. “Eso es solicitar que violemos el secreto financiero, lo cual sería un delito. No estamos habilitados a dar nombres de clientes, como corresponde a cualquier banco o agente de valores”, respondió Marcelo Etchebarne, de DLA Piper, una firma multinacional de abogados.
En mayo de 2016, el Banco Central uruguayo revocó la licencia de Mercantil Valores para seguir operando en ese país por no cumplir con la normativa para prevenir el lavado de dinero.
“Secreto profesional”
ICIJ consultó al abogado de Ramos en Suiza, John Dell’Oro, sobre estas transferencias sospechadas de Sarleaf. “Dado que el señor Ramos brindó servicios fiduciarios, considera que la información específica está cubierta por el secreto profesional. Nunca brindó servicios financieros, por lo que no participó directamente en ninguna transacción de pago y no sabe nada al respecto”, fue la respuesta del letrado suizo.
Los documentos confidenciales muestran también una transferencia de Sarleaf - de US$75.000 – en esos meses de 2013 a la propia Helvetic en Suiza.
Helvetic “está asociada con los abogados o accionistas nominativos propietarios de Sarleaf Limited que han sido acusados de lavado de dinero según una investigación en Internet”, puede leerse en el documento de la FinCEN. Se refiere al caso Báez.
Extradición pendiente
Ramos vive en el distrito de Lugano, al sureste de Suiza, en la región de Tesino, de habla italiana. Está desde hace varios meses bajo tratamiento médico “con drogas experimentales” en su lucha contra el cáncer, según confirmó su abogado suizo al equipo argentino de ICIJ.
Cuando la Justicia argentina reclamó a mediados de 2016 su captura internacional y extradición, 20 Minuti lo encontró viviendo apaciblemente en la comuna de Caslano, ubicada frente al lago de Lugano. Ramos -que para ese entonces montaba una scooter y hacía parrilladas en el jardín - aseguró “nunca había conocido" a Báez ni a la financiera.
El procedimiento de extradición está siendo actualmente examinado por la Oficina Federal de Justicia (FOJ) de Suiza, a la espera de una pericia médica sobre su salud, que estaría el mes próximo. Así lo confirmó Raphael Frei, portavoz de la Oficina Federal de Justicia ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.
Fue luego del fallo del 13 de febrero pasado de la Corte Penal Federal (FCC), en el que consideró que su extradición podría poner en peligro su delicada condición física. “Si el FOJ decidiera nuevamente sobre una extradición a Argentina, el interesado podría recurrir ante la Corte Penal Federal. De ser necesario, el Tribunal Supremo Federal se pronunciará en última instancia”, explicó el vocero judicial.
En 2015, Sarleaf cambió su nombre por el de Steeleaf Trading International Limited. Ramos dejó de ser su director en 2013 y al año siguiente fue designado su sobrino, Javier Martín Vanella.
*El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil). En Venezuela, Patricia Marcano Meza (Armando.Info)
