Rodrigo Cuesta, fiscal General en lo Civil y Comercial Federal en lo Contencioso Administrativo, pidió rechazar la acción de amparo presentada los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, en contra de la decisión, impulsada por el oficialismo, de ser removidos de la Cámara Federal para volver a sus cargos originales.
Lo hizo mediante un dictamen ante la Cámara lo lo Contencioso Administrativo Federal, que tiene que resolver la acción de amparo, y ahora quedó en condiciones de dictar sentencia sobre la materia. Esa decisión podría tener lugar antes de que la Corte Suprema de Justicia deba definir, este martes 29 de septiembre, si acepta tratar un per saltum presentado por los jueces para resolver directamente sobre la cuestión de fondo.
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Si los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany rechazan el pedido de los magistrados entre este lunes y el martes, el planteo ante el máximo tribunal devendría abstracto y los ministros de la Corte no tendrían que pronunciarse.
Bertuzzi y Bruglia, hasta hace pocos días integrantes de la Cámara Federal, fueron remitidos a sus cargos de origen (el primero un Tribunal Oral Federal de La Plata y el segundo de la Capital Federal) al considerar que sus designaciones hechas durante el macrismo no contaron con el aval del Senado.
"No han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de una acción de amparo les genera perjuicio", dijo el fiscal Cuesta en referencia a la decisión que inicialmente tomó el Consejo de la Magistratura que cuestionó esos diez traslados, entre los cuales están Bertuzzi, Bruglia y el juez Germán Castelli.
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"El consejo se limitó a manifestar que el trámite constitucional que tales medias exigían no se completo debidamente" y "se trató de una mera recomendación que carecía de efectos sobre los actos que posteriormente dictaron los restantes órganos involucrados", dictaminó la fiscalía a cargo de Cuesta.
Para la fiscalía, "el traslado no puede importar una desnaturalización de las voluntades que corrieron en el dictado del acto complejo de designación en un cargo determinado ni mucho menos convertirse en un mecanismo de evasión del mentado procedimiento constitucional previsto como garantía constitucional".
Bertuzzi y Bruglia "no fueron a un tribunal con idéntica competencia funcional como aquellos alegan", apuntaron. "Los meros procedimientos administrativos de la Corte en el marco de una acordada, respecto de una materia que es estrictamente constitucional como la designación y traslado de jueces, carecen de los efectos que los amparistas pretenden atribuirles", dijo la fiscalía.
