El pulso de la protesta ya inició la transición, a pesar de que recién en octubre se definirá el próximo presidente. Para la mayoría de los dirigentes sociales las expectativas, reclamos y estrategias que despliegan por estos días tienen la mira puesta en un nuevo gobierno que, descuentan, será presidido por Alberto Fernández. El pedido de esta semana del candidato, para que se eviten incidentes callejeros, no hizo más que reforzar esta tendencia que comenzó desde la derrota del oficialismo en las primarias y se aceleró, por las consecuencias que tuvo el cimbronazo político sobre la capacidad de gestión de las autoridades del área social.
Por la devaluación y la situación política se ha limitado el poder de fuego en el campo de la asistencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. La devaluación y el “reperfilamiento” de títulos públicos motivaron la caída de licitaciones para la asistencia alimentaria en productos básicos como leche y aceite. Desde la cartera aseguran que se está regularizando la situación, pero reconocen que hubo inconvenientes. Según múltiples testimonios de actores sociales que interactúan con el área de gobierno, hay además problemas administrativos que se adjudican al momento político.
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Otro problema que dejó la devaluación es el de los proyectos de infraestructura social, que financia el ministerio, que quedaron con valores muy retrasados. En algunos casos, los proyectos se vieron afectados también por la renuncia del director de Desarrollo de Infraestructura Local, Juan Manuel Erdocia, y todo su equipo, quienes integraban el área de Economía Social, a cargo del secretario Matías Kelly. En este caso, el pase fue al sector privado. En otros, los inconvenientes surgen por puentes que tienden algunos funcionarios con el equipo de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Sería el caso, afirman fuentes de la cartera, de Sebastián Welisiejko, responsable de la Secretaría de Integración Social y Urbana, quien esta semana se habría reunido con Daniel Arroyo, referente social en el Frente de Todos, en busca de garantizar la continuidad de su equipo.
Estrategias. Ante este cuadro, las apuestas políticas de los movimientos sociales afines al Frente, y los que ya se perfilan como opositores, han ajustado su estrategia con la mira puesta en una futura administración. Los sectores afines, que incluyen al Triunvirato de San Cayetano (CTEP, CCC y Barrios de Pie-Somos), al Frente Popular Darío Santillán y otros, ya tienen la mira puesta en el lugar que tendrán en una futura gestión peronista. Por otro lado, trabajaron en las últimas semanas, a pedido de Alberto –con quien tienen línea directa– en contener a otros sectores para evitar que el delicado cuadro económico pueda verse agravado por la conflictividad social.
En la vereda de enfrente, el sector que lideran el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur planea mantener el pulso callejero de la protesta. De hecho, el pedido de bajar los decibeles que hizo Fernández reforzó la idea de marcar una posición independiente. Durante el fin de semana, tomarán un tiempo para dar espacio a una respuesta del Gobierno. Si no llega, se anunciarán nuevas medidas. El abanico de opciones incluye un acampe por 72 horas y “ollas populares” en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Un sector propuso marchas a supermercados, algo que habría sido descartado por los principales dirigentes. En paralelo, otro sector liderado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) prepara una respuesta a Fernández que, anticipan, incluirá un compromiso de mantener la presión callejera más allá de la transición política.
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Denuncian a dirigente
El Ministerio de Seguridad denunció ayer ante la Justicia Federal al dirigente piquetero Oscar Kuperman, del MTR CUBA. Lo acusan de “instigación a cometer delitos” e “instigación a la violencia colectiva” y presentan como pruebas sus declaraciones públicas durante el acampe de esta semana frente a la cartera social. En particular, se presenta la siguiente frase pronunciada por el dirigente en A24: “Si el Gobierno no cumple con la entrega de los alimentos a comedores, vamos a buscarlos a los supermercados porque las góndolas están llenas de mercadería y las mesas de nuestros compañeros no tienen para comer”. Ante la consulta de PERFIL, Kuperman dijo que no tenía información sobre la denuncia, más allá de los trascendidos periodísticos.
Acuerdan un bono de refuerzo de $ 2 mil para beneficiarios de planes
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social ya definió que los receptores de planes sociales tendrán este mes un bono de 2 mil pesos. El refuerzo excepcional se cobrará a fin de mes, entre el 22 y el 29 de septiembre, y se otorgará en una sola cuota, luego de que se discutiera la posibilidad de desdoblarlo en dos pagos.
Este refuerzo forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno para contener los efectos de la devaluación, que ya incluyeron a los empleados públicos, suman ahora a los beneficiarios de planes sociales y, la semana próxima, según se anticipó, llegaría también para los empleados privados. El monto de este último está aún abierto a negociación y, según anunció el ministro de Producción, Dante Sica, podría ser en la forma de un bono de valor fijo o un porcentual del salario, según surja de las negociaciones abiertas con cámaras y la CGT.
En paralelo al bono de 2 mil pesos para beneficiarios de planes sociales, también se decidió cuál será el mecanismo de ajuste del principal programa de asistencia, el Salario Social Complementario. Según la Ley de Emergencia Social, el mismo debería representar el 50% del Salario Mínimo, pero hoy está un poco por encima y, tras la definición de un aumento del 35% para el haber mínimo, restaba definir cómo empalmarían los planes sociales con el pago mínimo legal.
En octubre, el Salario Social Complementario pasará de 7.500 pesos a 8 mil y, en noviembre, alcanzará los 8.500 pesos, un poco por encima del 50% del Salario Mínimo. Además, las organizaciones sociales que mantienen el diálogo con el Ejecutivo también acordaron que se haga un ajuste en el monto asignado a meriendas, que pasará de 21 pesos a cerca de 40. Para muchos, este es el último acuerdo que se hará con la actual gestión, y no falta algún dirigente que ya piensa en que la próxima definición importante los encontrará como parte de la gestión.
