La ex SIDE sigue dividiendo las aguas. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, logró esta semana que el oficialismo modificara el artículo del proyecto de ley que obligaba a la funcionaria a absorber el personal de la Secretaría de Inteligencia para la realización de las escuchas telefónicas. Así lo había adelantado PERFIL el domingo.
Es la primera muestra concreta de distancia de Gils Carbó con el Gobierno, pero no la última. También esta semana buscó diferenciarse de la Presidenta y de Justicia Legítima en el tratamiento de la marcha de silencio que organiza un sector de los fiscales. El viernes, cuando anunció a los nuevos integrantes de la Unidad AMIA, dedicó parte de su discurso a Nisman. Dijo: “La relación fluida y cordial que mantuve con el doctor Nisman y el apoyo permanente institucional a su labor se mantuvo siempre, nunca se pensó en removerlo de su cargo”. Su desaprobación de la marcha de los fiscales es clara. Lo piensa pero no lo dice. De eso se diferenció esta semana de otros líderes de Justicia Legítima. Mantuvo el silencio. Su equipo cree que arengar la contra resultó contraproducente y alentó a sumar concurrencia a la manifestación.
Durante la semana, la jefa de los fiscales envió a su enlace parlamentario para convencer a los senadores de modificar el proyecto. También les ordenó mantener reuniones con los asesores en materia de seguridad de los bloques opositores.
A pesar de la decisión del Gobierno de incorporar a la Procuración al personal que actualmente realiza las escuchas telefónicas, Gils Carbó considera que equivale a tener al enemigo en casa.
Es la primera traba de un aliado del Gobierno a la reforma que disparó la muerte del fiscal Alberto Nisman. El proyecto, que fue aprobado en el Senado y debe ser tratado en Diputados, establece la disolución de la SI y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además, pone la tarea de las escuchas telefónicas al mando de la Procuración. Gils Carbó se enteró por la cadena nacional de que la Presidenta le asignaba esa misión. La oposición ya rechazó la iniciativa y pide que las escuchas queden bajo el paraguas de la Corte Suprema.
