Gobierno atribuye crisis en las cárceles a “mora judicial”

La Plata – El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, atribuyó hoy a la “mora judicial” gran parte de los problemas que tiene el sistema carcelario en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que la administración del gobernador Felipe Solá está cumpliendo con la orden de la Corte Suprema nacional para resolver la cuestión.

El ministro hizo esta afirmación en una audiencia pública en la Suprema Corte provincial, donde la superpoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías bonaerenses fue abordado también por Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunciante del caso.

También expusieron representantes de la Asociación por los Derechos Civiles, de Human Rights Watch Americas, de la Comisión Provincial por la Memoria, el Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación, Mario Coriolano, y la Procuradora General, María del Carmen Falbo. Las presentaciones estuvieron enmarcadas en el proceso de ejecución del fallo de la Corte Suprema de la Nación, que instó a la provincia a revertir “las condiciones inhumanas de detención de las personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías”.

En su informe sobre la situación actual de los presos y las acciones implementadas desde el Poder Ejecutivo en los últimos cuatro años para generar cambios en el sistema penal, Di Rocco dijo que “buscamos consolidar la tendencia hacia el equilibrio, la racionalidad y humanización del sistema penal en su conjunto y el régimen de privación de libertad en particular”.

“Es sustancial señalar que gran parte de los problemas que el sistema tiene hoy, provienen de la mora judicial”, advirtió. Di Rocco mencionó en su reclamo “la excesiva mora en resolver los procesos, en particular en las máximas instancias de revisión de las sentencias como el Tribunal de Casación, y la marcada reticencia de algunos magistrados de incorporar metodologías de resolución más ágiles y dinámicas”.

A ello sumó “el predominio todavía presente de criterios judiciales orientados al empleo de la prisión preventiva como herramienta de control social”, lo cual, con el resto de los problemas, estimó, “diluyen todo intento de afianzamiento sustentable de los avances alcanzados”.

Como ejemplo de mora judicial, el ministro citó los datos de la página en Internet de la Suprema Corte, donde se informa que en el período febrero-septiembre de 2006 los Tribunales Orales de la Provincia realizaron en conjunto un promedio de tan sólo 0,8 audiencias de debate por semana. El funcionario también resaltó que la población carcelaria comenzó a crecer en 1994, principalmente desde 1999, hasta llegar a un pico de70.500 personas penalmente judicializadas en 2005.

“En 2003 se produjo el pico de detenidos en comisarías bonaerenses con más de 7.500 personas, la misma cantidad que la población penitenciaria de Córdoba y Mendoza juntas y en los últimos tres años -2005/2006/2007- trabajamos para que el sistema se estabilice y comience a bajar, el número de detenidos en comisarías, disminuyó en un 60 por ciento respecto de 2003”, detalló.

Di Rocco remarcó que cuando se produjo el fallo de la Corte Nacional “la cantidad de personas privadas de su libertad había disminuido de 30.542 a 29.543, y de allí a las 26.800 de 2007”. Además, agregó que “la acción interpuesta por el CELS y la recomendación de la Corte bonaerense marcan claramente un camino, el mismo que previamente había iniciado el Ejecutivo, por eso podemos afirmar que se está cumpliendo con el fallo de la Corte Nacional”, sostuvo Di Rocco.

El titular de Justicia, finalmente, expresó que “no hay países ejemplares en materia penitenciaria, sólo hay países que hacen esfuerzo. La provincia de Buenos Aires, que por su volumen es casi un país, los ha realizado en forma denodada y sistémica a través de estos años de gestión”.

Fuente: DyN