En sintonía con el anuncio emitido ayer por el gobierno de Paraguay y el visto bueno de Brasil, el Gobierno pretende suspender las elecciones directas para legisladores del Parlasur que deberían darse en octubre próximo. Sin embargo, no está claro que pueda conseguirlo en consonancia con lo que fijan las normas del Mercosur.
A fin de modificar las reglas de la elección de los diputados y diputadas del Parlasur, el Gobierno anunció la elaboración de un Protocolo Adicional que altera, a su vez, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. No obstante, para entrar en vigencia, requiere de la aprobación del Congreso de cada uno de los Estados miembros, lo cual es virtualmente imposible de lograr en apenas seis meses y con resistencias en cada uno de ellos. De hecho, en Asunción, las primeras reacciones tacharon la idea de "populista" e "inviable".
A modo de enmienda temporal, los gobiernos promueven una Declaración Conjunta que resume la voluntad política de adoptar esta decisión de stand by en las elecciones hasta tanto todos los Estados cumplan con el compromiso de votar en forma directa a sus representantes regionales de forma simultánea. Pero los actuales legisladores del Parlasur de la oposición restan validez legal a esta declaración en tanto entienden que rompe con lo establecido por ley.
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En Argentina, la Ley 27.120 fija las condiciones de elección de los 43 diputados, 24 de ellos en forma uninominal por cada uno de los distritos y 19 de manera plurinominal con el país como única jurisdicción electoral. En 2015, el Frente para la Victoria ganó 26 bancas; Cambiemos, 12; la alianza Massa-De la Sota en UNA se hizo con 4 y Compromiso Federal, de los Rodríguez Saá obtuvo una. No todos asumieron: algunos renunciaron antes para integrar el gobierno, subiendo sus susplentes, y Milagro Sala fue detenida antes de jurar.
Ya en marzo pasado, el presidente Mauricio Macri había exhortado a suspender el voto directo de los parlamentarios del Mercosur porque "cuesta una fortuna mantener el gasto innecesario que significa generar un cuerpo de representantes en el Parlasur en cada elección". En la misma línea, el canciller Jorge Faurie se refirió a que sean los propios diputados y senadores nacionales quienes encaren esa tarea, tal como ocurría antes de que se avanzara en la elección independiente a partir de 2015, en cumplimiento con lo que entonces era un cronograma del bloque.
Lo curioso es que, de momento, el único gasto en el que incurrió el Estado argentino es en el pago de pasajes aéreos y de Buquebus y viáticos cuando los legisladores son convocados a las sesiones en la sede del cuerpo en Montevideo. Y tampoco fueron tantas las veces porque, entre 2016 y 2018, el Parlasur sesionó solo en 27 ocasiones, mientras que el resto de la labor de sus miembros es en sus territorios. Este año, por lo pronto, solo contabiliza una sesión.
A diferencia de Paraguay, que adujo el pago de más de 4 millones de dólares en dietas, los legisladores argentinos del Parlasur no cobran porque su paga está sujeta a una resolución de la Justicia, hoy pendiente de un voto en la Cámara Nacional Electoral. La ley estipula una remuneración similar a la de un diputado nacional que el Gobierno estima, en un cálculo general, en unos 3 millones de dólares anuales por el total del bloque argentino.
Pese a que el Parlasur no adopta decisiones vinculantes –por lo que los gobiernos no están obligados a seguir los lineamientos políticos que puedan emanar de este órgano legislativo salvo que el Consejo de Jefes de Estado tome sus recomendaciones–, hay ciertas políticas claves que se originaron en el intercambio de ideas dentro del bloque, como la generación de un protocolo común de lucha contra el dengue, el zika y la chikungunya, que pretendía coordinar esfuerzos en medio de un brote que se extendía por las fronteras. Es precisamente en esas zonas limítrofes donde se perciben problemáticas comunes que solo pueden ser abordadas con un enfoque regional.
