La suspención de la movilidad jubilatoria fue una de las medidas más polémicas que tomó en sus primeros días el Gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social. Si bien se otorgó un bono para los haberes mínimos, la medida establece un lapso de 180 para presentar un nuevo índice para determinar la suma que se deberá pagar a los jubilados, por lo que el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto para que sea tratado y aprobado en el Congreso a inicios de marzo. En ese mes vence, además, el plazo para pagar el 11,5% de aumento que se generó con índice anterior.
Luego de un 2019 con escasa actividad legislativa, durante enero y febrero el Gobierno tiene planeado el debate del Pacto Fiscal y los proyectos de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y exdiplomáticos. A la lista, según publicó Clarín, se sumaría el nuevo índice de movilidad de haberes previsionales. La intención del Presidente sería despejar dudas respecto a su intención de que las subas para los jubilados no sean discrecionales y evalúa la posibilidad de pedirle al Congreso que trate el proyecto antes del 1 de marzo.
10 claves para entender la movilidad jubilatoria
Esa lista de temas a tratar en el Congreso fue charlada entre el Presidente y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante el almuerzo que compartieron el pasado lunes, 6 de enero. Antes de arribar a la Casa Rosada, el tigrense se había reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar distintas medidas que la cartera planifica implementar y el correlato legislativo, ya que algunas de ellas requerirán aval parlamentario.
En el marco del artículo 55 de la Ley 27.541, de Emergencia Económica, sancionada en diciembre en el Congreso, el Presidente anticiparía la convocatoria a la comisión para que proponga un proyecto para cambiar la fórmula que había aprobado el gobierno de Mauricio Macri.
Ante la polémica por la suspensión de la movilidad jubilatoria, el Presidente tuvo que aclarar que la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "lo único que cambió fue el cálculo de actualización" de los haberes del sistema jubilatorio y que "no hay congelamiento", ya que impondrá nuevos aumentos en los próximos meses.
Sin embargo, en diálogo con PERFIL, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino había adelantado a fines de diciembre que se planteará la "inconstitucionalidad" de la medida, aunque la abogada previsionalista Andrea Falcone aclaró que "la inconstitucionalidad o no (de la ley) va a depender del aumento que dé Alberto Fernández para marzo. Si da una suma fija igual para todos y es menos del 11,5 que les corresponde, eso va a ser inconstitucional. Hay que esperar hasta el anuncio".
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