Hacen negocios con el Estado y aportan a la campaña oficial

Constructoras que hacen obra pública, compañías que prestan soluciones informáticas, una petrolera que explota un megapozo patagónico, un banco que paga las jubilaciones de la Anses, la productora del Fútbol para Todos. Son solamente algunas de las empresas privadas que hacen negocios millonarios gracias al Estado y cuyos gerentes aportaron dinero a la campaña del candidato oficialista Martín Insaurralde.

Las contribuciones se hicieron en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO),para el postulante kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, el distrito donde el gobierno nacional juega su batalla más decisiva. Con montos que llegan hasta los $ 300 mil, directivos y empleados de esa firmas financiaron la carta electoral más importante del Frente para la Victoria.

Esta revelación alimenta las suspicacias sobre intercambio de favores, que siempre sobrevuelan las relaciones entre empresarios y poder político. Pero en algunos casos también podría involucrar una ilegalidad: la Ley de Financiamiento de los Partidos (26.215) prohíbe en su artículo 15 recibir “directa o indirectamente” las “donaciones de concesionarias de servicios u obras públicas”.

Los datos se encuentran en los informes que los partidos políticos presentaron ante la Justicia Electoral. En 2007, empresas vinculadas a la mafia de los medicamentos financiaron la campaña de Cristina Fernández. Desde ese momento, nadie volvió a hacer figurar empresas en las planillas, pero sí a personas vinculadas a sociedades.

Un ejemplo es el banco privado Supervielle. Entre sus principales negocios, se encuentra del pago de haberes a jubilados de la Anses, un servicio que le permitió crecer en los últimos años. El dueño es Julio Patricio Supervielle, quien junto a nueve empleados donaron $ 30 mil cada uno. En total, $ 300 mil. La respuesta del banco fue que se realizaron mediante “el pago de cubiertos de una cena”, “por personas físicas y a título personal”.

Otro caso es Pan American Energy, que recibió la concesión de uno de los pozos petroleros más grandes de la Argentina. Chubut y Santa Cruz le otorgaron la explotación de Cerro Dragón. Manejada por Carlos Bulgheroni, tanto su hijo Marcos como el encargado de relaciones institucionales pusieron $ 20 mil.

El ejemplo más curioso corresponde a La Corte Audiovisuales SA. El gobierno kirchnerista le entregó el negocio de televisar los actos presidenciales y años después la producción integral de Fútbol para Todos. Su presidente, Pablo Diego Monzoncillo, colaboró con $ 50 mil.

Además, aparecen los empleados de dos empresas de soluciones informáticas –Coradir y Novadata–, que en su propia página web reconocen como clientes organismos estatales como Presidencia de la Nación, ministerios, la AFIP, el Senado, el Indec, el Incaa y municipalidades bonaerenses.

Sin embargo, los aportes más polémicos corresponden a las constructoras de obra pública, porque podrían estar infringiendo la Ley de Financiamiento. La que más ayudó es Rovella Carranza, que trabaja en rutas nacionales de distintas provincias y en un acueducto del Chaco. Seis directivos donaron $ 20 mil por cabeza. Otro caso es ODS, manejada por el empresario Angelo Calcaterra, beneficiaria del soterramiento del Sarmiento y la concesión del Corredor Vial 5. Dos empleadas, incluyendo una directora, pusieron un total de $ 40 mil. El pelotón de constructoras se completa con Dragados y Obras Portuarias, Tecnipisos y Briales SA, con distintas obras bonaerenses.

¿Están infringiendo la ley? PERFIL consultó a las empresas, que en algunos casos no respondieron o bien afirmaron que los aportes fueron decisiones individuales de sus empleados. Jorge Landau, apoderado del Partido Justicialista, se defendió: “Habrá que ver si los aportantes tienen vínculo con las empresas. Eso tendrá que probarlo la Justicia y no un periodista como usted”. Si algún día un juez investiga, puede empezar leyendo esta nota