En las últimas semanas, el juez federal Claudio Bonadio se reunió con los contadores que realizarán la pericia de las finanzas y libros contables de Hotesur. El encuentro fue en su despacho del cuarto piso de los tribunales federales, confirmaron a PERFIL fuentes judiciales.
Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades administrativas avanza hacia el análisis de los manejos millonarios de la empresa que administra los hoteles de la familia presidencial, y en consecuencia, del patrimonio de la Presidenta. El objeto de la causa es determinar si la familia presidencial lavó dinero a través de estas empresas. En la mira del juez también está Lázaro Báez.
El juez tiene además información clave para la causa. Incorporó fotocopias de todo el expediente del juez Javier López Biscayart, que investiga en el fuero Penal Tributario si en los hoteles presidenciales hubo evasión de impuestos mientras una empresa de Báez se encargó de la administración. Según una investigación de La Nación, Lázaro y los Kirchner simulaban la ocupación de habitaciones en los hoteles. Báez las pagaba con fondos de sus empresas, pero las habitaciones estaban vacías.
López Biscayart debe decidir si en esta maniobra se evadieron impuestos. Para eso, depende de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está elaborando y que debe entregar antes de junio. El juez ya tuvo un adelanto de esos resultados. Como sospechaba, los impuestos se habrían pagado en su totalidad. Los que no se abonaron no alcanzarían el monto de $ 400 mil para acusarlos de evasión.
Esta causa es central para Bonadio. Si el informe de la AFIP llega a la conclusión de que Báez no evadió, el juez López Biscayart pedirá que se investigue si la maniobra apuntó a lavar dinero a través de la falsa ocupación de habitaciones y el pago millonario del empresario de la obra pública a los Kirchner, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Esa es la principal sospecha de López Biscayart. Si se da este escenario –que hoy es el más probable–, el juez tributario pedirá que otro juez investigue la maniobra de lavado. Todavía no decidió si la enviará a Bonadio, al juez federal Sebastián Casanello o directamente a sorteo entre los doce jueces federales. También podría caer en el fuero Penal Económico.
Bonadio aceita el avance de su causa. En los últimos días, el fiscal Carlos Stornelli se reincorporó a sus funciones tras un súbito pedido de licencia médica por estrés. Bonadio lo llamó por teléfono para dialogar. Es el fiscal del expediente y lo necesita como aliado en el devenir de la investigación.
Cuando el juez se reunió con los contadores de la Corte Suprema todavía no sabía si iba a seguir al mando de la causa. Faltaban días para que la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, confirmara que seguirá estando a cargo del expediente. Cualquiera de sus colegas hubiese puesto un stop hasta la confirmación.
Sólo Bonadio sabe por qué esta causa es tan importante para él; por qué decidió no ingresar en la tregua que varios jueces supieron acordar con el oficialismo; por qué le quedan tan pocos aliados entre sus colegas; y por qué ya no es un juez con buen diálogo con el Gobierno.
