Otra causa contra Odebrecht y ex funcionarios kirchneristas se reactivó ayer en los tribunales federales. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanamientos a las empresas Cammesa SA y Rafael Albanesi SA, en el marco de una investigación sobre posibles sobreprecios en los gasoductos que el gobierno de Néstor Kirchner adjudicó a la constructora brasileña entre 2005 y 2007, informaron fuentes judiciales a PERFIL.
Las medidas fueron tomadas luego de que el fiscal federal Federico Delgado solicitara los allanamientos. La constructora brasilera había ganado contratos para ampliar la capacidad de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, y recibió al menos US$ 2.300 millones del Estado, a través de Nación Fideicomisos, y del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (Bndes). Una parte de esos fondos se canalizó a través de Cammesa y Albanesi, que fueron las contratantes directas de Odebrecht.
Rafecas ordenó a la PSA que secuestrara toda la documentación, agendas, servidores y computadoras “de donde puedan surgir elementos relacionados con el citado contrato entre empresas”, informaron fuentes judiciales.
En el expediente están imputados Daniel Cameron (ex secretario de Energía), Fulvio Madaro (ex presidente del Enargas), Cristian Folgar (ex titular de la Subsecretaría de Combustibles), Marcelo Quevedo Carrillo (Ex vicepresidente de Nación Fideicomisos SA) y Néstor Ulloa (ex gerente general de Nación Fideicomisos SA), y empresarios de las sociedades implicadas, incluidos dos ex ejecutivos de Odebrecht: Flavio Bento e Farías y Márcio Faria da Silva. Este último, un ex jefe de Odebrecht en Argentina, declaró como arrepentido en Brasil que la empresa pagó coimas a “agentes públicos” argentinos en los proyectos de ampliación de los gasoductos. La causa argentina es anterior a la causa del Lava Jato. Se originó en 2007, tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien investigaba el caso Skanska, otra causa sobre sobreprecios en gasoductos. Estaba en el juzgado de Ariel Lijo, pero el caso nunca avanzó. El magistrado ordenó cerrar el expediente pero el fiscal Delgado apeló la decisión.
Hubo allanamientos por los gasoductos de la constructora brasilera
