Según un relavamiento del diario Perfil son al menos 52 los legisladores que se dedican a la agricultura o a la ganadería. Para la mayoría, esta situación no es incompatible con su función pública.
Entre estos legisladores hay desde grandes empresarios y hacendados, hasta pequeños productores que sólo tienen un centenar de hectáreas.
La pregunta, entonces, es casi obvia: ¿Pueden estos productores – legisladores levantar la mano pensando en el bien común sin estar condicionados por sus negocios privados?
Antecedentes. En agosto de 2003, el entonces senador radical Raúl Baglini pidió que lo excusaran de participar en el jury al ex ministro de la Corte Eduardo Moliné O’Connor. Argumentó que, como abogado, tenía causas en trámite en el máximo tribunal. Pero Cristina Fernández, quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, no hizo lugar a la explicación de Baglini por considerar que era una manera de eludir su responsabilidad de legislador (el criterio opuesto que utilizó ahora con Urquía). El senador optó por faltar a las sesiones para esquivar la votación que destituyó al magistrado.
En circunstancias diferentes, el ex ministro de Salud Ginés González García intentó apartar del debate de la Ley Antitabaco al senador jujeño del kirchnerismo Guillermo Raúl Jenefes. Lo acusaba de hacer lobby a favor de la industria porque, en su actividad privada, declaraba ser socio de una cooperativa tabacalera.
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