La Justicia investiga por una presunta malversación de fondos millonarios a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en tres causas que avanzan en forma paralela.
Las autoridades de la CNEA, el organismo responsable de la investigación y el desarrollo nuclear, están acusadas de haber desviado fondos que estaban destinados a brindar "asistencia" para terminar la central atómica Atucha II, obra que lleva 27 años en construcción.
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), responsable de la obra de Atucha, se comprometió a pagarle a la CNEA seis millones de pesos en concepto de capacitación, "previa certificación" de que estaba cumpliendo su parte.
Pero la CNEA advirtió que con el fin de "garantizar el cumplimiento de los cronogramas" previstos para terminar la central necesitaba subcontratar a otra empresa, y transfirió a Dioxitek S.A. (empresa que le pertenece) los $ 6.100.000 que recibió de NASA como contraprestación por el concepto de capacitación.
Según informa hoy el diario La Nación, la Justicia sospecha que con esta maniobra se estafó al Estado. Por eso, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría allanó la Comisión, Dioxitek y NASA.
La documentación que respalda los gastos en el marco del convenio es deficiente. Dioxitek remodeló oficinas y compró muebles, y no hay constancia de que haya cumplido con la "compulsa de oferentes" que exigen las normas. También, a pesar de que el convenio preveía que se capacitara a profesionales en materia nuclear, "se contrató a empleados administrativos, choferes y secretarios privados", según dijo un funcionario con acceso al expediente.
Pero no sólo la Justicia tiene sospechas: el Gobierno también cree que puede haber habido una maniobra ilegal. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) preparó un informe en el que advierte de irregularidades en el manejo de este dinero, y el Ministerio de Planificación Federal abrió "sumarios administrativos en la CNEA" por este caso.
En los próximos días, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, responsable de otro de los expedientes que investiga el caso, resolverá si acepta darle el status de querellante al ministerio que dirige Julio De Vido.
La investigación de la SIGEN es la base de la tercera de las causas sobre el destino de los 6 millones de pesos. Se inició la semana pasada por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, y quedó ratificada en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.
