Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos
Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.
Maqueta digital del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que nunca se construyó. Exfuncionarios y ejecutivos son investigados en Perú por esta obra. En Argentina, la causa se archivó en 2019. Crédito: agencia oficial ProInversión de Perú. |
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Una obra de la compañía argentina Corporación América, operadora de Aeropuertos Argentina 2000 y decenas de otros aeropuertos en siete países, es investigada en Perú por presunto perjuicio al Estado, según la investigación de Perfil, Convoca.pe de Perú y Búsqueda de Uruguay, que además halló un reporte de operación sospechosa en Estados Unidos relacionado con la obra. A este caso se suma un expediente por presuntos sobornos transnacionales en Argentina, que luego de una investigación de estricto bajo perfil fue archivada en los tribunales federales.
Se trata del demorado Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, antigua capital del imperio Inca. La compañía liderada por Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios emblemáticos de Argentina y el noveno más rico del país (según el último ranking de la revista Forbes), tenía a su cargo la obra junto a una empresa peruana pero la modificación del contrato original (que para la fiscalía peruana fue irregular y en detrimento del Estado de su país) desató un escándalo político en Perú, que terminó con el fracaso de la anunciada obra del aeropuerto (que tras seis años de haberse adjudicado, todavía no fue construido).
Ahora, la investigación global FinCEN Files arroja que una transferencia relacionada con la obra quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos como “sospechosa” y que parte de la ruta del dinero conduce a una causa por presunto lavado de dinero en Argentina y explicaciones contradictorias entre los involucrados. El equipo de ICIJ consultó a las empresas y ambas sostuvieron que se trató del pago a un proveedor argentino. Sin embargo, el proveedor negó conocer la transacción y dijo que no cobró esa cifra.
Chinchero se ubica a 29 kilómetros de Cusco, que tiene actualmente un aeropuerto que sería sustituido por el Chichero. Crédito: ProInversión, agencia oficial de Perú.
El aeropuerto estaba pensado para ser tres veces más grande que el aeropuerto de Cusco. Buscaba impulsar el turismo en esa zona de Perú y alivianar el flujo de pasajeros del aeropuerto cusqueño, principal vía directa para llegar a las ruinas incas de Machu Picchu, patrimonio de la humanidad. Chichero es un distrito de Cusco, ubicado en el Valle Sagrado de los Incas. Está ubicado a 29 kilómetros de la emblemática ciudad de Perú. Chinchero es conocido por sus telares, su feria y sus ruinas ancestrales. Su aeropuerto internacional era una obra esperada por algunos peruanos y resistida por otros, debido a la sensible ubicación de la obra, en un hábitat natural y ancestral, rodeado de montañas, comunidades originarias y naturaleza.
La concesión que el Estado peruano le dio en 2014 a Corporación América y Andino Holding Investment era por 40 años. Fue durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala. Las compañías sostienen que las políticas gubernamentales y las peleas políticas entre distintos partidos del Perú le costaron el contrato. Los fiscales de Perú sostienen que las empresas no consiguieron el financiamiento para ejecutar la obra y quisieron modificar las condiciones del contrato luego de ganar el concurso.
Parte del contrato fue modificado en 2017, tras la asunción del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Tras una pelea política con la oposición y una denuncia por presunto lavado de activos, sobornos y perjuicio al Estado peruano, el entonces ministro de Transporte, Martín Vizcarra (actual Presidente de Perú) renunció a su cargo y el gobierno de PPK rescindió el contrato a mediados de 2017. Corporación América y el consorcio Kuntur Wasi demandaron a Perú por dicha decisión ante el tribunal internacional del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial. Actualmente, la construcción del aeropuerto volvió a ser licitada.
Un reporte de operación sospechosa
La obra del aeropuerto Chinchero-Cusco estaba valuada en más de US$500 millones pero fue un movimiento menor, de apenas US$98.085, lo que hizo saltar una alarma en el sistema financiero de los Estados Unidos. El SAR (por las siglas en inglés de Suspicious Activity Report) fue reportado por el Bank of New York Mellon Internal (BNYM) en junio de 2015.
El reporte de operación sospechosa incluía 3.239 transacciones sospechosas de distintas entidades que pasaron por este banco estadounidense, que actuó como banco corresponsal (intermediario). Entre ellas, señalan una transferencia entre la financiera uruguaya Columbusnet y la compañía peruana Proyecta y Construye. Así consta en el documento al que accedió el equipo de FinCEN Files, la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La información surge de informes confidenciales de la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de ese país (Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN). Los documentos fueron obtenidos por Buzzfeed News y compartidos con los socios de ICIJ.
Extracto del reporte de operación sospechosa de la transferencia relacionada con la obra. Data de 2015. Crédito: FinCEN Files/ICIJ-Buzzfeed News.
El reporte fue emitido cuando la obra ya estaba adjudicada pero faltaban dos años para que surgieran denuncias y comenzara a ser investigada en Perú. Entre 2017 y 2019, el consorcio empresario Kuntur Wasi (Andino y Corporación América) fue el blanco de una investigación por presunto lavado de activos y supuestos sobornos por la obra del aeropuerto. La investigación fue archivada a finales de 2019, según consta en el expediente consultado. Uno de los puntos investigados fueron los pagos relacionados con la obra que realizó la empresa Proyecta y Construye.
Esta compañía peruana es una constructora creada por Corporación América y su socia Andino Investment Holding en 2011. Ambas compañías tienen cada una el 50% de las acciones, informaron las empresas.
Corporación América y Andino Investment Holding son socias en Aeropuertos Andinos del Perú SA, que desde enero de 2011 tiene la concesión de 5 aeropuertos en ese país (Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna). Proyecta y Construye fue creada, informaron las empresas consultadas, para realizar obras en estos aeropuertos.
Descripción de la operación sospechosa que originó en EE.UU. la transferencia de Proyecta y Construye a una cuenta en Islas Caimán. El beneficiario final figura como "Columbusnet SA Estudio GF". Crédito: FinCEN Files/ICIJ-Buzzfeed News.
En 2014, Corporación América y Andino Investment Holding formaron un nuevo consorcio (Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi) y ganaron el concurso de Asociación Público Privada (APP) para construir y operar el Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco. Tras ganar, contrataron a Proyecta y Construye para que se encargará de la planificación, ingeniería, construcción y entrega operativa del aeropuerto “llave en mano”, informó la empresa liderada por Eurnekian ante la consulta de ICIJ. Es decir, las empresas contrataron a su propia compañía para la totalidad de la obra. Ese es uno de los puntos de sospecha de los fiscales peruanos.
En marzo de 2014, Proyecta y Construye tenía un patrimonio de apenas US$216.988 y activos por US$489.637, según informaron sus accionistas ante la Bolsa de Valores de Lima.
Los ganadores del contrato subcontrataron a Proyecta y Construye para construir el aeropuerto “por el valor total de la obra”, según explicó Andino al equipo de ICIJ. El aeropuerto de Chinchero estaba valuado en más de US$500 millones, según Andino y Corporación América. La obra valía más de mil veces lo que valía la empresa que la iba a construir.
Entre 2014 y 2016, el consorcio le pagó US$8.844.968 a Proyecta y Construye en "concepto de adelanto y/o valorización de trabajos de ingeniería" para que "se encargara del diseño y ejecución de la obra", según la investigación de la fiscalía a la que accedió el equipo periodístico. Además, las tres compañías se prestaron dinero entre sí.
A su vez, “Proyecta y Construye subcontrató a numerosos especialistas en desarrollo de proyectos aeroportuarios tanto en Europa como en Latinoamérica con experiencia previa en la construcción de aeropuertos internacionales”, dijo Andino.
El informe de auditoría de la Controlaría General del Perú se presentó en 2017 y aportó gran parte de la prueba en la investigación fiscal. Es uno de los documentos analizados para esta nota.
El reporte que surge de FinCEN Files y que ingresó a la unidad antilavado de Estados Unidos sostiene que el 23 febrero de 2015, la financiera Columbusnet recibió en su cuenta US$98.085,76 desde una cuenta de Proyecta y Construye en el Banco de Crédito del Perú (BCP). La cuenta de la financiera uruguaya que receptó el dinero está en el DMS Bank Trust LTD de Islas Caimán, sostiene el informe. El banco decidió reportar ésta y otras transacciones como “sospechosas” porque las consideró “sin propósito económico, comercial o legal aparente”.
Además, el banco calificó como “sospechoso” el origen de los fondos analizados (en esta y otras operaciones bancarias) y remarcó que muchas de las sociedades involucradas podrían ser “cáscaras vacías” o “shell companies”. “Los cables involucran jurisdicciones de alto riesgo que incluyen, pero no se limitan, a Uruguay, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán”, sostiene el documento. En el caso de la transferencia relacionada con el aeropuerto involucraba a Islas Caimán y Uruguay.
La transferencia reportada
Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América respondieron que la transacción señalada como “sospechosa” en el reporte de FinCEN es “el pago de unas facturas a una empresa llamada Estudio GF SA, contratada para la elaboración del anteproyecto licitatorio y ejecutivo para las instalaciones de aire acondicionado y sistemas de ventilación en general para el proyecto del aeropuerto de Chinchero y la certificación LEED”.
¿Por qué se usó la cuenta de una financiera uruguaya en Islas Caimán para realizar esos pagos? “Porque así lo solicitó el proveedor”, respondió la ejecutiva peruana.
“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán ni en ningún otro país extranjero y no conocemos a la financiera Columbusnet”, sostuvo el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ.
“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán", respondió Carlos Grinberg, fundador de la empresa que figura recibiendo el pago "sospechoso".
El fundador de Estudio GF agregó: “Nos convocó Corporación América para la obra de Chinchero. Nuestra empresa se encarga de tramitar la certificación LEED, que otorga la ONG Consejo de la Construcción Verde Estados Unidos (U.S. Green Building Council). El objetivo es certificar que la obra no daña el medio ambiente”. “La certificación se tramita cuando está construida la obra”, agregaron en Estudio GF. Ante la consulta de por qué habían recibido pagos cuando la obra ni siquiera había comenzado, respondieron: “Sólo cobramos gastos”. ¿Por US$ 98.000? "No, cobramos esa cifra", aseguró en conversación telefónica.
La certificación LEED implica que la obra cumple con cinco requisitos, explicó: “El cuidado del terreno; el ahorro de agua y de energía; la calidad de filtración de los aires acondicionados; y la utilización de materiales y recursos de cercanía con el lugar de la obra”.
“Estudio GF prepara la documentación y papeles y los presenta en nombre del cliente ante esta ONG de Estados Unidos. Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, hasta donde sabemos, pero nunca cobramos nada por el trabajo, ni un peso, sólo gastos, porque la obra no se hizo”, aseguró Grinberg.
Chinchero es un distrito ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, conocido por sus telares, su feria y sus ruinas arqueológicas. El aeropuerto debía cumplir exigencias medioambientales y sociales. Crédito: ProInversión Perú.
El equipo de ICIJ remitió a Grinberg la información que sostienen Corporación América y Andino. Incluso se le envió los supuestos números de órdenes de pago para que Estudio GF confirme si realmente su empresa no fue la beneficiaria final de esa transferencia de US$98.085, como sostienen el reporte bancario y las empresas. Sin embargo, tras seis días de reiterados llamados y mensajes, Grinberg no volvió a contestar.
Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: “Certificado Nº 1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera fue por US$71.925.76 y la segunda factura US$26.160 (total, US$98.085,76). La empresa se negó a mostrar copia de las órdenes de pago porque tratarse de “documentación de terceros”.
Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas para el proveedor informado.
Bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), los bancos están obligados a ayudar a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, actividades presuntamente irregulares y otros posibles delitos. Un SAR no es una acusación, es una forma de alertar a los reguladores gubernamentales. En muchas ocasiones, son solo reportes elaborados por protocolo, porque alguna de las partes está bajo investigación en algún lugar del mundo, porque se utilizan paraísos fiscales o porque los clientes no justifican el motivo de las transacciones.
La financiera
El reporte de operación sospechosa incluye otras transacciones de la financiera Columbusnet. La entidad tiene sede en Montevideo, de acuerdo a los registros públicos de Uruguay, y es una compañía de servicios financieros autorizada por el Banco Central de ese país. Su titular es el mismo de una financiera y casa de cambio de Buenos Aires: Columbus. El financista Sergio Polite, argentino, dijo al equipo de ICIJ que si bien es el titular de ambas compañías, se trata de entidades independientes entre sí, una tendencia en las financieras de la city porteña, con base hermana de operaciones en Uruguay.
Polite dijo al equipo de ICIJ que por “disposiciones de las Unidades de Información Financiera (UIF)” se abstenía de “revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando” y declinó hacer comentarios sobre el reporte de operación sospechosa. Negó conocer o tener relación con Corporación América o Andino.
En Argentina, Columbus fue denunciada a finales de 2018 por presunto lavado de activos y delitos tributarios y cambiarios. Polite respondió sobre el caso: “Nuestra empresa tiene licencia desde 1967 y los descargos correspondientes serán presentados debidamente al juzgado cuando corresponda”.
La causa contra la financiera fue iniciada por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), confirmaron dos fuentes judiciales con acceso directo a la investigación.
Procelac detectó que financieras, entre ellas Columbus, desarrollaban una actividad sospechosa en la compra de dólares y euros, según fuentes judiciales con acceso directo al expediente. La modalidad que despertó las sospechas es conocida como “coleros” y consiste en la organización de personas que se presentan en las financieras a comprar dólares o euros pero lo hacen con pesos que no son de su propiedad. Los fondos les son entregados por terceros que organizan las “colas” o filas en las casas de cambio. Los “coleros” suelen ser personas de bajos recursos que prestan su nombre para comprar dólares de fondos de origen ilícito o desconocido.
Procelac pidió que se investigue la posible complicidad de los dueños de las financieras en una maniobra de presunto lavado.
Procelac pidió que se investigue la posible complicidad de los dueños de las financieras con los organizadores de estas maniobras, según la denuncia. Hasta el momento la Justicia argentina no ha citado a sus responsables ni hay procesados por la acusación. Durante 2019 se ordenaron allanamientos a Columbus, informó una fuente judicial. Actualmente, la fiscalía se encuentra analizando la documentación secuestrada.
El inicio de ejecución de obra se programó para el 1° de diciembre de 2015, según la acusación de la fiscal. Se proyectaba terminarla para 2021, según informó el consorcio ante el Congreso peruano. Pero la construcción del aeropuerto internacional jamás comenzó.
La obra del aeropuerto (aquí maqueta virtual) se adjudicó en 2014. Nunca se construyó. Crédito: ProInversión Perú.
La investigación en Perú comenzó a principios de 2017 y se centraba en dos hipótesis: la primera, el presunto pago de sobornos a funcionarios peruanos y supuesto lavado de activos por parte de las empresas que ganaron la obra del aeropuerto de Chinchero; la segunda, la presunta defraudación patrimonial al Estado peruano. Así consta en los documentos del expediente fiscal analizados por Perfil.
La hipótesis sobre lavado y sobornos fue archivada. La fiscal Zoila Sueno determinó que no había indicios para probar esas acusaciones y que las compañías habían podido justificar las transacciones y movimientos de dinero investigados. La causa no fue cerrada y podría reabrirse si se hallan nuevos indicios a investigar.
La hipótesis de lavado y soborno transnacional
En 2018, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia en los tribunales federales contra Corporación América por supuesto cohecho o “soborno transnacional”, en base a la investigación abierta en Perú contra la empresa argentina, según el escrito al que accedió Perfil.
La denuncia se presentó tras tomar conocimiento del caso peruano en un informe de la OCDE, según el texto presentado. “Se habrían acopiado suficientes pruebas como para afirmar que las personas a cargo de Corporación América SA, en tanto parte integrante de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi (el consorcio con Andino) habrían intervenido en los actos de sobornos en calidad de coautores” para conseguir la adenda de 2017, sostuvo Procelac.
“Ni Corporación América ni sus directivos, funcionarios, accionistas ni sociedades relacionadas (incluyendo Kuntur Wasi) efectuó pago indebido alguno ni contribuyó a campaña política alguna en el Perú”, respondió Corporación América. Andino también negó las acusaciones, en la misma línea que su socia.
En 2018, la Procelac denunció a miembros de Corporación América para que se los investigue por presunto soborno transnacional por la obra de Chichero. La causa se archivó en los tribunales federales a fines de 2019 por "falta de indicios".
En Argentina, la causa quedó radicada en el juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas. El magistrado delegó la instrucción en la fiscalía 8 (entonces subrogada por el fiscal Gerardo Pollicita hasta abril 2019 y desde entonces a cargo de Eduardo Taiano).
La denuncia de Procelac pidió investigar a Eduardo Eurnekian; Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (vicepresidente de la empresa y sobrino de Eduardo); a Matías Gainza Eurnekian (otro sobrino y director de Corporación América); y otros dos directores de la compañía.
El fiscal Pollicita solicitó cooperación con la fiscalía peruana para que la fiscal Sueno informe si tenía acreditada la participación de miembros de Corporación América “en negociaciones comunicaciones y/o vinculaciones financieras sospechosas”. También solicitó a las gerencias de 5 hoteles premium de Buenos Aires que informaran si 6 ciudadanos peruanos, incluidos Vizcarra y PPK, se alojaron allí entre 2010 y 2017; y, de ser así, se solicitó informar los datos completos de sus estadías, las actividades desarrolladas en Argentina; qué visitas recibieron y con qué acompañantes se registraron. La consulta dio resultados “negativos”, según el expediente consultado.
En Argentina, la investigación por presunto soborno transnacional por esta obra dio resultados "negativos".
Cuando la causa cambió de fiscal, Taiano resolvió que había “suficiente mérito como para investigar una hipótesis de lavado de activos contra los representantes de la sociedad Kuntur Wasi SA (...) en tanto habrían utilizado la fachada de la mencionada firma a los fines de darle apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas obtenidas”.
Sin embargo, el 10 de octubre de 2019, la causa argentina se archivó. “Se hizo saber que no se encontraban investigados los miembros de Corporación América SA”, consta en el expediente.
En Perú, el caso de presunto sobornos por el contrato del aeropuerto de Chinchero tuvo varios vaivenes antes de ser archivada. A principios de 2017, cuando se abrió, el expediente peruano quedó a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, miembro del equipo Lava Jato del Ministerio Público Fiscal en aquel país. Recién en agosto de 2018, el caso pasaría a manos de la fiscal Sueno, actual instructora del expediente.
Según la auditoría de la Contraloría General del Perú, al modificar el contrato, el Estado peruano perdía US$40,6 millones.
De acuerdo a los documentos del expediente a los que accedió el equipo de ICIJ junto a Convoca, el fiscal Pérez Gómez sostenía que la firma de la adenda podría haber implicado supuestos pagos indebidos (relacionados con aportes de campaña) o pago de sobornos a través de sociedades offshore y un proveedor del consorcio empresario, Proyecta y Construye, a la que definió como “empresa pantalla”. Poco después, el fiscal fue apartado del caso. La empresa negó en un comunicado su acusación. Proyecta y Construye está inactiva desde 2018.
Según el escrito que decretó el archivo de la hipótesis de lavado de activos y corrupción en el caso peruano, durante el 2014, 2015, y 2016, el consorcio empresario y su proveedora Proyecta y Construye realizaron una serie de pagos, contratos y transacciones “sospechosas” por alrededor de US$8,8 millones, además de préstamos mutuos entre las tres empresas y una serie de compañías en paraísos fiscales.
El fiscal Pérez Gómez también había puesto la lupa en algunas empresas offshore como Santa Catarina Corporation.
El fiscal Pérez Gómez también había puesto la lupa en algunas empresas offshore como Santa Catarina Corporation (radicada en Islas Vírgenes Británicas y representada por Eduardo Eurnekian), Cusco Airport Finance Limited (Islas Caimán) y el banco Converse Bank CJSC, radicado en Armenia y propiedad de Eduardo Eurnekian a través de dos compañías, según su sitio web.
Andino ratificó y agregó: “Converse Bank es un banco vinculado al accionista Corporación América y otorgó un financiamiento a condiciones crediticias competitivas de mercado”.
A finales de 2019, la fiscal Sueno ordenó una pericia económica sobre el contrato del aeropuerto para determinar, entre otros puntos, si “la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, así como las empresas Andino Investment Holding SA y Corporación América SA a la fecha de suscripción de la adenda contaban con solvencia económica que respaldara el inicio de obras establecidas en el contrato”.
La fiscal también investiga si la socia peruana de Corporación América aportó a la campaña de PPK-Vizcarra en 2016, según la acusación elevada al juzgado.
Una reunión en los tribunales de Comodoro Py
La denuncia de Procelac contra los Eurnekian activó las alarmas en Perú, Entre el 12 y el 13 de febrero de 2019, la fiscal Sueno estuvo de visita oficial en Buenos Aires. Había solicitado reunirse con los fiscales argentinos de Procelac y del fiscal a cargo de la causa abierta a fines de 2018, según confirmaron a Perfil tres fuentes que participaron directamente de las reuniones.
En uno de los encuentros, la fiscal peruana visitó la fiscalía de Gerardo Pollicita, en el quinto piso de los tribunales de Retiro. Allí también se sumó el juez federal Claudio Bonadio. Además de interesarse en lo que los argentinos podían llegar a aportarle sobre los Eurnekian y el caso del aeropuerto de Chinchero-Cusco, el juez argentino tenía información extra: la conexión entre los Eurnekian y la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública.
En agosto de 2018, Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, conocido como Hugo Eurnekian, se presentó en los tribunales federales para admitir que entregó dinero al menos en dos ocasiones a Roberto Baratta, por un total de US$200.000. Baratta era la mano derecha del entonces ministro Julio de Vido. De acuerdo a Hugo Eurnekian, el dinero era destinado a la campaña electoral del kirchnerismo en 2013.
La fiscal Sueno buscaba saber si existían sospechas de pago de sobornos por parte de Corporación América en Argentina.
La fiscal Sueno buscaba saber si existían sospechas de pago de sobornos por parte de Corporación América en Argentina, confirmó una fuente directa de aquella reunión. Sin embargo, lo único que consta en el expediente argentino es que los fiscales intercambiaron información relacionada con sus expedientes y “se comprometieron a dispensar una mutua colaboración con los asuntos referidos a dichas investigaciones”.
La fiscal peruana manifestó que en su investigación, por el momento, y a esa fecha, no habría empresarios argentinos involucrados, según un acta que labró el fiscal Pollicita, confirmó una fuente directa del expediente.
La adenda de la discordia
En agosto de 2019, la fiscal sí imputó por presunta defraudación patrimonial al Estado peruano a integrantes peruanos del consorcio empresario y a exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la gestión del entonces ministro (y vicepresidente) Martín Vizcarra, hoy primer mandatario de Perú. Así consta en la acusación presentada por la fiscal ante el Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con sede en Lima.
La acusación abierta en Perú sostiene que tras ganar el concurso presentando la oferta más conveniente para el Estado peruano, se modificaron las condiciones del contrato original.
En marzo de 2016, la socia peruana de Corporación América, había dicho ante el Congreso: “El financiamiento del proyecto está listo y ha sido estructurado por instituciones financieras de primer nivel. Hay cinco bancos involucrados, así como asesores legales y financieros”.
Pero la ejecución se demoraba. En el contrato original se estableció que el Estado aportaría US$265 millones pero que los privados debían conseguir el financiamiento de ese dinero. “Se acordó que Goldman Sachs y otras entidades para que le financien esos US$265 millones al Estado con un préstamo a pagar a 20 años. Los primeros cinco años, el Estado no pagaba intereses pero éstos se acumulaban a futuro y se empezaban a pagar a partir del sexto año”, afirmó Andino.
La investigación de la fiscalía determinó que ese financiamiento nunca habría estado garantizado: en el expediente consta una carta de Goldman Sachs como principal financiador del aeropuerto, pero, la fiscal señaló que dicha carta está firmada por una persona que no se identifica como representante de Goldman Sachs y que dice: “Esta carta no debe interpretarse como un compromiso expreso o tácito de Goldman, Sachs Co. ni de ninguna de sus afiliadas para (...) otorgar algún financiamiento o préstamo al Proyecto o al Concesionario”.
El 3 de febrero de 2017, el ministerio de Transporte de Perú modificó el contrato original con una adenda solicitada por el concesionario el 27 de octubre de 2016, dos años y medio después de ganar la obra del aeropuerto. Para entonces, había cambiado el gobierno y hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski (PPK)-Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra, además de asumir como primer vicepresidente de Perú, desde julio de 2016 había asumido como ministro de Transporte.
Por esta adenda, el actual presidente de Perú fue investigado en una primera etapa de la investigación fiscal pero fue excluido de la acusación en curso, según un documento de la fiscalía de 2019. Vizcarra asumió como Presidente en marzo de 2018, tras la dimisión de PPK en medio del escándalo por el caso Lava Jato.
Según la acusación fiscal, la adenda de 2017 era “lesiva para el Estado” peruano porque cambiaba las pautas del financiamiento, entregaba al consorcio empresario “un adelanto de US$40,2 millones” y establecía que el Estado “asumía el riesgo por financiación de la obra”, según el dictamen de la fiscal. Esto ha sido negado tanto por Vizcarra como por Andino y Corporación América.
Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero, el Estado salía beneficiado”, y respondió: “Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran actualmente discutidas en el marco del expediente del juicio arbitral iniciado contra el Estado del Perú ante el CIADI por incumplimiento contractual, y como éste tiene carácter confidencial, no podemos dar información al respecto”.
Demanda de Corporación América y sus compañías asociadas contra el Estado peruano ante el tribunal internacional del CIADI. Crédito: captura de pantalla sitio web del Banco Mundial.
Andino explicó: “Cuando cambia el gobierno, nosotros ya habíamos avanzado con la estructuración del financiamiento con los bancos, con el Goldman Sachs como banco cabecera”. La empresa agregó: “El nuevo gobierno sostuvo que el contrato original no les convenía porque los cinco años de plazo de gracia generaba una acumulación de intereses que después se veía reflejada en los 15 años durante los que pagaba y le salía una tasa muy alta”.
Entonces el Ejecutivo decidió que ya no quería que se financiara su parte con un crédito y que lo iba a pagar como avance de obra con fondos públicos, afirmó Andino. Se firmó la adenda que modificaba el contrato original.
Según el informe de auditoría de la Contraloría General de Perú, la adenda provocaba “una variación en la asignación de riesgos financieros”. En el contrato original de esta obra público-privada los riesgos del financiamiento estaban establecidos de esta manera: los privados asumían el 71,40% mientras que el Estado asumía el 28,6% del riesgo. Con la adenda, según la contraloría, las proporciones mutaron. El Estado pasó a asumir riesgos financieros por el 80,73% y los privados 19,27%.
La Contraloría General estableció que al modificar el contrato original, el riesgo financiero de la obra recayó sobre el Estado y no sobre los privados. Las empresas y el exministro de Transporte de Perú -hoy presidente del país- sostienen lo contrario.
El Ministerio de Transporte peruano durante la gestión de 2017 no está de acuerdo con la Contraloría General y dijo que la adenda no alteraba el equilibrio financiero y le permitía “ahorrar” dinero al Estado. Perfil consultó a voceros del presidente Vizcarra para ampliar su posición pero no respondieron la consulta.
Archivado, no cerrado
La investigación por presunto lavado y soborno por parte de las empresas a funcionarios peruanos para la firma de la adenda se archivó tanto en Perú como en Argentina, según los documentos judiciales a los que accedió el equipo argentino de ICIJ.
En Perú, el 12 de febrero último, el fiscal superior Oscar Miranda Orillo rechazó un recurso del Procurador Público Especializado en Delito de Lavado de Activos, quien solicitó seguir investigando la hipótesis de presunto lavado y crimen organizado contra el Estado, según el documento. El fiscal superior consideró que “no hay indicios” de esos delitos. Aún así, formalizó el archivo, no su cierre definitivo, y aclaró que de surgir nuevas pruebas, podría retomarse.
Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero, el Estado (de Perú) salía beneficiado”.
La decisión de archivar este tramo del caso había sido tomada por la fiscal Sueno a fines de 2019, quien determinó que los mutuos y movimientos entre las compañías del grupo estaban “justificadas en inyectar capital al consorcio previo a la realización de las obras, así como al proveedor Proyecta y Construye”, y que dichos movimientos sí constaban en los libros contables.
La magistrada peruana lo comunicó a su par argentino, Eduardo Taiano y el 10 de octubre de 2019, Taiano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la causa, según consta en el expediente. El juez procedió con el archivo “por imposibilidad de proceder”, según el documento.
Taiano entendió que “a la fecha, no sólo no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios aquí denunciados, sino que todos los imputados son de nacionalidad peruana”. “La falta de evidencias mínimas respecto de los hechos y cuya investigación está siendo llevada en Perú impiden a esta parte la adopción de diligencias”, agregó el fiscal Taiano. Aún así, sostuvo que “no corresponde” sobreseer a los argentinos denunciados por Procelac “toda vez que la Justicia peruana aún se encuentra investigando la presunta complicidad en el fraude al Estado por parte de los representantes del consorcio”.
Una disputa política
La firma de la adenda desató un escándalo que potenció el convulsionado escenario político y las internas partidarias de ese momento en Perú. Vizcarra, tras una interpelación en el Congreso, renunció al cargo de ministro a fines de mayo de 2017, semanas después de rubricar la modificación al contrato del aeropuerto. Siguió en el gabinete de PPK como vicepresidente primero.
Vizcarra anunció su renuncia en conferencia de prensa junto al entonces presidente, PPK, quien agregó en dicha oportunidad: “Ha habido mucha discusión sobre la forma en cómo iba a ir adelante el aeropuerto de Chinchero-Cusco, un sueño de los cusqueños desde hace décadas. Ese aeropuerto va adelante, modificaciones sin duda habrá a raíz de los comentarios en el Congreso y un informe que se espera de la contraloría”.
Ante el Congreso, en febrero de 2017, Vizcarra respondió preguntas durante 9 horas y sostuvo que siempre obró de “manera correcta” y que la adenda, dijo, corregía puntos del contrato firmado durante el gobierno de Ollanta Humala que eran los verdaderos “lesivos para el Estado”. El funcionario agregó: "Habría sido interesante que los congresistas de esa época fiscalicen la idoneidad de los postores y los alcances del contrato" original.
Tras el sacudón político, la adenda quedó sin efecto, pero le costó al Estado peruano más de US$8,6 millones en compensación con las empresas del consorcio. Además, la obra nunca avanzó.
Hay varios puntos que aumentaron las sospechas sobre por qué el gobierno de PKK aceptó modificar el contrato de la obra. Uno fue que existían relaciones directas entre los socios de Eurnekian y el gobierno de PPK. Ximena Zabala Lombardi, gerenta de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Andino Investment Holding (socia de la empresa de Eurnekián en la obra) es hermana de quien había asumido como jefe de Gabinete, Fernando Zavala.
La fiscal de Perú también investiga si la socia de Corporación América, ejecutivos o accionistas aportaron fondos a la campaña de PPK.
La ejecutiva renunció a su cargo en la compañía en marzo de 2017 para “dar continuidad” al proyecto del aeropuerto, según un comunicado publicado por los medios de Perú. En 2019, quedó formalmente acusada de presunta cómplice primaria en la causa judicial. “Algunas personas han realizado comentarios desproporcionados, utilizando mi parentesco con el primer ministro (jefe de gabinete en Perú) para bloquear el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero y, como daño colateral, dañar la reputación que he construido trabajando dedicada y honestamente por más de 20 años”, argumentó la ejecutiva en 2017.
Vizcarra dijo ante el Congreso que el funcionario Zavala nunca había participado de cuestiones relacionadas con el aeropuerto y la adenda.
Paisaje de Chinchero, distrito de Cusco, capital del Imperio Inca. Ruinas ancestrales. Crédito: Agencia ProInversión Perú.
La fiscal también solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú que informen si el imputado Carlos Rodolfo Loret de Mola (gerente general de Andino, la socia de Corporación América) ha sido “personero” del Partido Peruanos por el Kambio y su ha realizado donaciones al mismo. Vizcarra también fue jefe de campaña de PPK.
En el sitio web del organismo, ni Loret de Mola ni las compañías figuran como aportantes a la campaña de PPK. Sin embargo, según pudo consultar el equipo argentino de ICIJ, en la rendición de cuentas del partido hay decenas de aportes en efectivo “sin identificar”. Andino ha negado haber aportado a la campaña electoral de PPK.
En 2013 y 2014, la socia de Corporación América en Kuntur Wasi donó US$50.000 al Instituto Patria, creado por el ex presidente PPK, según la acusación fiscal.
*El equipo de ICIJ que trabajó en esta investigación está compuesto por Emilia Delfino (Perfil), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación), Milagros Salazar y Shirley Cayetano (Convoca.pe, de Perú), Guillermo Draper (Semanario Búsqueda, Uruguay), Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick (Infobae).
