El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes una profunda reforma sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al convertirlo en un ente desconcentrado sin autarquía ni estructura directiva tripartita, como funcionaba desde su creación. En ese mismo marco, Nicolás Bronzovich fue ratificado como presidente del organismo, mientras que María Beatriz “Pilu” Giraudo —quien era vicepresidenta— fue designada Consejera Técnica con carácter “ad honorem”.
Las designaciones fueron confirmadas a través de un decreto que, según trascendió, será publicado en las próximas horas con la firma del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. El texto establece que Bronzovich asume “con rango y jerarquía de secretario” desde el 8 de julio de 2025, en dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El mismo decreto establece que Giraudo ocupará el cargo técnico por recomendación de la cartera agrícola, sin percepción de haberes. Además, se eliminará la figura del director nacional, que ocupaba Ariel Pereda, y se reemplazará por un director ejecutivo o CEO. El objetivo sería "acelerar los procesos de investigación ajustándolos a las demandas inmediatas del sector agropecuario".
Desmantelamiento progresivo
La decisión fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto al ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se formalizó con el decreto 462/2025, que aplica las facultades otorgadas por la ley Bases. La medida no solo implica una reorganización funcional, sino un cambio radical en la concepción del INTA: ya no será un ente autárquico con conducción compartida entre el Estado, el sistema científico y los productores.
Desde el propio INTA valoraron que el trámite para las designaciones se haya resuelto con rapidez, lo que permitió mantener en funcionamiento los proyectos técnicos en curso. Sin embargo, especialistas, funcionarios provinciales y organizaciones del agro advirtieron sobre los impactos estructurales que tendrá esta reforma.
Reacciones críticas desde Buenos Aires y el agro
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue uno de los primeros en cuestionar con dureza el rumbo adoptado por el Gobierno nacional: “El decreto de Milei viene a destruir el INTA. Es un día triste para la ciencia y la tecnología”. En declaraciones públicas, afirmó que el organismo ya atravesaba una etapa de debilitamiento por retiros voluntarios, jubilaciones sin reemplazo y desfinanciamiento.
Rodríguez remarcó que el INTA fue clave en el desarrollo de más de 800 variedades vegetales adaptadas a distintas regiones, un aporte que, aseguró, está en riesgo. Además, apuntó que el nuevo modelo rompe con uno de los pilares más democráticos del instituto: la conducción tripartita. “Se busca el vaciamiento y destrucción de las capacidades del INTA”, sentenció.
Por su parte, Bases Federadas —una organización que nuclea a pequeños y medianos productores y cooperativistas— consideró la reestructuración como “un ajuste brutal”. Según denunciaron, ya se habrían producido unos 1500 despidos, cierre de agencias y ventas de tierras, junto al abandono de programas como Pro Huerta, Cambio Rural o las líneas de investigación orientadas a la agricultura familiar.
“Se está adecuando al INTA a un modelo agropecuario extractivista, de monocultivo, híperconcentrado. Para eso necesitan un instituto más chico, desconectado de la soberanía alimentaria y de los pequeños productores”, indicaron desde la organización. También advirtieron que se están importando alimentos que antes se producían en el país gracias al desarrollo impulsado por el INTA.
Llamado al Congreso
En su comunicado, Bases Federadas instó a los legisladores nacionales a no convalidar la transformación: “El decreto es un ataque a la producción y al conocimiento aplicado que desarrollan miles de técnicos junto a productores”. Además, reivindicaron la rentabilidad social del instituto: “Cada peso invertido retorna entre cinco y once pesos, según estudios previos”.
La agrupación anunció que se declarará en alerta y movilización para acompañar a los trabajadores del organismo. “El INTA no es un gasto. Es una inversión en soberanía productiva, arraigo rural y desarrollo local”, concluyeron.
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