El nombre de Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte del gobernador bonaerense Axel Kicillof, aparece en el centro de una megacausa que combina fotomultas, concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y sospechas de lavado de dinero. A partir de un supuesto sistema paralelo de cobro irregular de multas de tránsito, el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata, investiga la existencia de gestores que ofrecían borrar sanciones a cambio de dinero.
Sigue la causa en Campana: el juez federal Adrián González Charvay lo imputó por lavado de activos. A su vez, la investigación incluyó allanamientos en el microcentro porteño, donde se secuestraron importantes sumas en efectivo, documentación sensible y elementos vinculados a operaciones financieras ilegales.
Además, uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en una financiera no autorizada para operar, donde se incautaron más de 200 millones de pesos, 425.000 dólares, 4.600 euros y 112.000 reales.
El Juzgado Federal de Campana imputó a D’Onofrio como partícipe necesario o autor, según corresponda, por varios delitos que se investigan en la causa: fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito de funcionarios o empleados y cohecho. Además, se indaga lavado de activos por movimientos de dinero y bienes presuntamente vinculados a la operatoria, así como maniobras con el sistema de fotomultas y con concesiones de VTV.
Señala la existencia de gestores que ofrecían a los infractores pagar menos para que se reduzca o elimine la multa, y a adjudicaciones direccionadas en VTV. A su vez, “se investiga una red de contratos direccionados, financieras truchas y bienes inmuebles que habrían sido usados para blanquear fondos irregulares”, explicaron fuentes judiciales.
Asímismo, la pesquisa reveló un entramado de direccionamiento de contratos y distribución de retornos entre el Ministerio de Transporte y empresas privadas, con encuentros reservados en lugares específicos y la participación directa de D’Onofrio. Por la gravedad de la causa y el desgaste público, D’Onofrio renunció al ministerio en diciembre de 2024, siendo reemplazado por Martín Marinucci.
Cuáles son los delitos que motivan la imputación a Jorge D’Onofrio
1. Sistema de fotomultas y administración de sanciones
Existiría una estructura que permitía intervenir en el registro y procesamiento de infracciones de tránsito —por ejemplo, reduciendo o borrando multas— mediante operadores dentro del sistema judicial o administrativo (juzgados de faltas municipales y provinciales) con la participación de funcionarios y terceros. A través de este mecanismo, se habrían obtenido beneficios y recursos de manera irregular.
2.Concesiones de VTV direccionadas
La adjudicación de plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) aparentemente se habría beneficiado a empresas vinculadas a la red, permitiendo contratos rentables para los operadores. Algunos casos investigan adjudicaciones con irregularidades en los pliegos y favorecimiento de determinados oferentes.
3. El edificio polémico en La Plata
La maniobra más llamativa involucra a la sociedad Mobmenza Desarrollos SRL. Constituida apenas 24 horas antes de adquirir un inmueble en la calle 6 entre 44 y 45 de La Plata, compró el edificio y lo alquiló al Ministerio de Transporte bonaerense. A los socios se los identificó como una empleada beneficiaria de planes sociales y un empleado del Ministerio de Seguridad, y para la Justicia la firma habría sido pantalla empresarial vinculada al empresario Sebastián Desio.
También se detectaron sociedades recientes con socios de bajo perfil, como empleadas domésticas o empleados sin trayectoria empresarial, que compraron inmuebles y luego los alquilaron al Estado. Casos como Mobmenza Desarrollos SRL alimentan la sospecha de que se usaron figuras interpuestas para captar renta estatal.
4. El complejo deportivo bajo la lupa
En otro capítulo de la investigación, el foco está en un predio deportivo ubicado en la calle Belgrano 1200, en La Plata, donde también funciona una peña de Boca Juniors. Según la denuncia de Matías Yofe (Coalición Cívica), el complejo habría servido como instrumento para lavar dinero proveniente de contratos de VTV.
Además, el lugar está vinculado a Cristian Germán Ojeda, directivo de Franutec S.A., adjudicataria de plantas de VTV, y propietario de la financiera Token Capital, ya allanada por la Justicia. En la causa figura la concejal Claudia Pombo.
Actividad investigada: se sospecha que fondos derivados de contratos irregulares de VTV o de coimas asociadas habrían sido canalizados al predio deportivo para legalizar dinero, funcionando como pantalla para ingresos ilícitos.
5. Los indicios de enriquecimiento
Las sospechas apuntan a tres ejes: desvío de fondos de contratos públicos. uso de financieras e inmuebles deportivos como fachada y un estilo de vida con viajes y autos de alta gama que no se condice con los ingresos declarados.
6. Un futuro cada vez más incierto
Las causas aún están en etapa de investigación, pero los fiscales avanzan con citaciones, testimonios y análisis patrimoniales. A su vez, D’Onofrio acumula imputaciones en distintos tribunales y su situación judicial se complica. “Todo indica que habrá más capítulos en este escándalo político y judicial”, remarcan en los pasillos de La Plata.
Lo que dijo D’Onofrio sobre los contratos y fotomultas
El exministro de Transporte bonaerense prestó declaración ante la UFI 11 de La Plata en el marco de la investigación provincial por fotomultas, VTV y denuncias por contratos irregulares. Aseguró que las adjudicaciones de concesiones y contratos vinculados a servicios viales se hicieron “de acuerdo con la normativa vigente” y que no intervino en decisiones técnicas, que corresponden al personal especializado y de gestión.
Sostuvo que no conocía la sociedad Mobmenza Desarrollos SRL ni a sus socios antes de que surgieran las denuncias, y negó haber firmado contratos con la empresa o autorizado su alquiler al Estado. Además, afirmó que actuó respetando los procedimientos legales y que las auditorías y controles internos del Ministerio estaban en funcionamiento.
Rechazó cualquier participación en la operatoria de fotomultas o en la reducción o eliminación de sanciones, asegurando que no se enviaron instructivos a gestores externos ni se gestionaron “arreglos” fuera de los canales oficiales.
