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POLITICA / La lista
martes 20 octubre, 2015

Jorge Fontevecchia, entre los espiados por los servicios de inteligencia

El CEO de Editorial Perfil figura en la lista, denunciada por diputadas del PRO, de periodistas, políticos y jueces perseguidos.

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Foto: Cedoc

Las diputadas de Cambiemos Patricia Bullrich y Laura Alonso realizaron una denuncia judicial por espionaje ilegal ante el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Emiliano Canicoba Corral (h) y el fiscal Rodolfo Domínguez y ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, que por sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello, respectivamente. Quiénes figuran en la lista.

Entre los políticos presuntamente escuchados, se destacan Mauricio Macri, Laura Alonso, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Alberto Fernández, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, Sergio Bergman, Graciela Ocaña, Adolfo Rodríguez Saa, Felipe Solá y Rubén Sobrero. 

Entre el grupo de los periodistas que serían vigilados, figuran: el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia,  Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Héctor Magnetto, Edgardo Alfano, Santo Biasatti, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, María Laura Santillán y Nicolás Wiñaski, Mariano Grondona, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Diego Leuco, Luis Majul, Jorge Rial, Ernesto Tenembaun, Gerardo Young, Héctor Aranda, Juan Carlos Rendo y Lucio Pagliaro.

Entre los funcionarios judiciales se encuentran: Claudio Bonadio, Germán Moldes, Sergio Torres,  Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, entre otros. Todos los que están en la lista aparecen con nombre completo y fecha de nacimiento, y en algunos casos, se aclara si son familiares de otro.

Además, figura el exespía de la SIDE, Antonio Jaime Stiuso y sus familiares, así como los parientes del fallecido fiscal Alberto Nisman.

La denuncia refiere a que “se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras” a quienes “mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones”, por lo cual se exigieron allanamientos en dos domicilios.


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