La jueza Patricia López Vergara aseguró este viernes que su decisión de que la Policía no portara armas de fuego durante los enfrentamientos del lunes pasado alrededor del Congreso, esta fundada en la Ley de Seguridad de la Ciudad, que así lo dispone. "Mientras aplique la ley voy a sentir que hice lo correcto", aseguró.
"Apliqué la ley que tiende a la preservación de la paz social, a que seamos menos salvajes, menos barbarie y más civilización. La ley de Seguridad señala los principios que la Policía debe salvaguardar, resalta el deber de gradualidad y que las medidas sean idóneas", precisó la magistrada.
"Mientras aplique la ley voy a sentir que hice lo correcto. Si la ley dice que inconstitucional, fundo porque es inconstitucional", agregó en declaraciones radiales, según consignó la agencia de noticias NA.
López Vergara ordenó el pasado jueves al gobierno porteño que los agentes que participen del operativo de seguridad en torno al Congreso Nacional no utilizaran armas de fuego y que las balas de goma y gases lacrimógenos sean utilizados como último recurso.
Asimismo, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el legislador porteño kirchnerista Mariano Recalde y por el secretario general de ATE capital, Daniel Catalano, señaló que la policía debe utilizar su fuerza a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes. La ley 5.688 de la ciudad señala en su artículo 99 que la intervención policial en concentraciones públicas debe garantizar "el respeto y la protección de los derechos de los participantes así como reducir las afectaciones que pudiera causar en los derechos de las personas que no participan en ella y en los bienes públicos".
"No está autorizado a la portación de armas de fuego ni de poder letal el personal policial que por sus funciones en el operativo este obligado a entrar en contacto directo con los manifestantes", añade el texto de la ley de Seguridad de la ciudad.
Además, la juez adestacó que su primera obligación "es la paz social" y que en un apartado de su sentencia realizó "una invitación a la reflexión colectiva" que involucre a jueces, agrupaciones intervinientes, fuerzas de seguridad y funcionarios.
"Todos, cada cual desde el nivel de sus obligaciones, estamos obligados a la búsqueda de la paz social. La obligación del juez es prevenir que hay una amenaza, no es necesario que ya haya acontecido. La amenaza estaba latente tres días antes", concluyó.
En la mira del Gobierno. El secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, destacó el “profesionalismo” y el “heroísmo” de las fuerzas de seguridad y responsabilizó el avance de los violentos al fallo de la jueza López Vergara, quien hizo lugar a la medida cautelar.
"Uno empieza a entender la finalidad del fallo que dio la jueza López Vergara, queda de manifiesto que lo que pretendía era tener una fuerza diezmada, desarmada a los efectos que fue la pasada por arriba del grupo de violentos", expresó D'Alessandro, para quien el fallo de la jueza "pretendía vulnerar el operativo, sin lugar a dudas".
A raíz de esto, el miércoles el funcionario confirmó que el gobierno porteño recopiló información para solicitar el juicio político de la jueza Patricia López Vergara, al considerar que se excedió en sus funciones por intervenir en el operativo de seguridad mencionado.
"Que una jueza contenciosa, administrativa, tributaria de la Ciudad un domingo reciba la presentación de un diputado de la oposición y avasallando competencia y funciones diagrame un dispositivo sin siquiera asesorarse por expertos, nunca se vio", se quejó.
"Se apeló, la Cámara dio lugar a la apelación y en algunos puntos determinó que era incompetente lo que había realizado" la magistrada. "Se está evaluando y recopilando todo para pedir el juicio político", resaltó el secretario porteño.
