Los operadores financieros internacionales no daban crédito a la historia que ayer empezó a escribir otro capítulo, con la decisión de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en cuyo tribunal recayó la demanda contra el Estado argentino por la expropiación indebida de YPF en 2012. Obligaba a las partes concurrentes a ponerse de acuerdo sobre los términos sobre los que se dictará la sentencia definitiva que determinará la jueza sobre las bases de lo expuesto ayer: una indemnización por los daños ocasionados por la expropiación irregular de la compañía petrolera en 2012. La cifra fue de US$ 16.096 millones, casi el techo, que muchos analistas consideran excesivo, pero el prontuario financiero argentino no ayudaba mucho a que fuera menor.
La jueza no “fijó” el monto directamente, sino que determinó las variables que debían considerarse en la cuestión, sobre todo la dilación que corrió con una tasa del 8% anual y que terminó siendo un castigo por la decisión de patear el tema sin considerarlo. En términos jurídicos, el fallo dice que esa cuenta comienza a correr desde el preciso momento en que la parte demandante debió hacerse del dinero y no lo hizo y en cierto modo castiga a la parte demandada por no haber llegado a un acuerdo anteriormente. Al menos US$ 7 mil millones de ese número son intereses, y toda la cuenta seguirá generando US$ 1.440 millones desde ayer hasta el día que se pongan de acuerdo en la forma de pago y se haga efectivo.
El Gobierno rápidamente mostró indignación por el monto y dijo que apelaría la sentencia. Pero eso no podrá hacerlo hasta tanto ambas partes se reúnan para redactar el acuerdo y la jueza interviniente de por cerrada esta instancia judicial. Este timing coincidiría con las elecciones generales de octubre, pero devengaría un interés del 9% anual a partir de hoy. En todo caso, la apelación no sería por esta cifra aplicada, sino por el fallo del 31 de marzo en el cual se cargó la responsabilidad sobre el Estado argentino… y deslindó la responsabilidad de YPF en la cuestión.
Las chances para afrontar con éxito una apelación son muy bajas: el 25% de los que se animan y, además, implica dejar asentada una garantía por el monto en juego. La estrategia oficial debería eludir esto, pero ganaría tiempo precioso para que la negociación en serio la afronte el gobierno entrante el 10 de diciembre.
En 2012, el Gobierno encabezado por Cristina Fernández intervino primero la empresa que hasta el momento gestionaba el grupo Eskenazi con participación mayoritaria de Repsol y procedió a una expropiación parcial a través de una ley, a pesar de existir la cláusula del estatuto de la empresa en que se debería realizar una oferta pública de acciones (OPA). Resol se quejó, y dos años más tarde terminó arreglando un paquete de US$ 5 mil millones por el 51% del total. El grupo Eskenazi no pudo seguir el tren, y la quiebra de las sociedades involucradas fue absorbida por fondos de inversión que luego “vendieron” la demanda que hicieron por mal ejecución de la expropiación. La jueza Preska ya había determinado la responsabilidad del Estado por la irregular intervención y por eso fijó un piso y un techo –entre US$ 4.999 millones y US$ 16.100 millones– para evaluar el perjuicio, en función de dos factores: la caída del precio de la acción de YPF desde el anuncio de la intervención (16/4/12) y el día en que quedó firme la ley de expropiación (7/5/12) con un derrumbe del 40% por un lado y la tasa de interés punitoria por no haber acordado anteriormente, por otro.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, un seguidor exhaustivo del juicio, explica que el camino alternativo para la administración Kirchner en 2012 hubiera sido el de convocar a una OPA en cuarenta días hábiles y poner un precio al cual todos los accionistas podrían vender si hubiera sido su intención. Pero no se hizo, y por la caída de valor de la compañía de US$ 3.500 millones se hizo la demanda original.
Frente a estas improvisaciones, cortoplacismos y chicanas de jugadores de truco más que de financistas públicos, se sientan a la mesa de negociación jugadores cada vez más sofisticados. En este caso, el que parece haber aprovechado la cartera de juicios en la que es parte es Burford Capital, un fondo de gestión de activos en riesgo o contingencias en curso. Fundada en 2009 por el canadiense Christopher Bogart (exvicepresidente jurídico de Time Warner), es una empresa listada en las bolsas de Londres y Nueva York y, al cierre de la jornada del viernes, registraba una capitalización de mercado de US$ 3.484 millones, con una suba espectacular de casi un 15% “gracias” a la dimensión del fallo favorable. Se autodefine como una empresa financiera y de gestión de activos focalizada en aspectos legales con una cartera de más de mil juicios con un valor estimado de US$ 4.600 millones a fin de 2022 y su acción subió un 86% en los últimos doce meses. Hace once años, el entonces bloque legislativo oficialista obviamente votó a favor de la expropiación irregular, pero encontró aliados en la oposición de aquel entonces, y que hoy se rasga las vestiduras por la factura a pagar. La improvisación y el pagadiós no reconocen grietas.
