El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual, se sumó a los detenidos que buscan la excarcelación en el marco de la pandemia de coronavirus y pidió el arresto domiciliario por temor a contagiarse. En un pedido de morigeración al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón, su defensa argumentó una presunta afección respiratoria y el caso positivo de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana, donde se encuentra cumpliendo su condena desde hace 6 años.
El abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por abuso sexual contra el sacerdote, advirtió en declaraciones esta semana al diario Clarín que existe una irregularidad en el control del cumplimiento de su pena. “Está condenado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el control de su prisión, excarcelamiento o cualquier modificación debería depender de uno de los dos juzgados de Ejecución Penal de Morón”, expresó.
Narcos, femicidas y abusadores: quiénes son los presos que el coronavirus excarceló
“Por algún motivo o picardía de Grassi, nunca fue elevado a un juzgado de ejecución, con lo cual el órgano que está a cargo de controlarlo es el mismo que lo condenó: el TOC N° 1 de Morón. Y allí es donde hay un pedido firmado por su defensa en el que manifiesta padecer dificultades respiratorias y se alega que habría un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense asignado al penal de Campana que portaría coronavirus”, agregó.
El letrado sostuvo, también, que es “insólito” que sea el TOC N° 1 quien esté a cargo de controlar el cumplimiento de la pena de cura ya que “si se le aprobara el pedido, lo obtendría por fuera del sistema lógico legal”. Además, dijo que el pedido de prisión preventiva “está enmarcado en que un exdefensor de Grassi en el juicio por abuso es el nuevo asesor del Ministerio de Seguridad”, en referencia a Miguel Ángel Pierri, quien estuvo preso en 2003 por “encubrimiento” por presionar a una víctima a cambiar su testimonio para favorecer a Grassi.
Un poderoso empresario encabeza la lucha de los presos en Devoto: "Ojalá que no corra sangre"
En este sentido, Gallego aseguró: “Estamos ante un sujeto que por el coronavirus pide la prisión domiciliaria y no está controlado a la fecha por los juzgados de ejecución de Morón teniendo condena firme. Es un disparate que debe corregirse de inmediato”, y concluyó que la “condición de delincuente sexual de Grassi impone que de ningún modo puede obtener la excarcelación”.
