Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron el pasado martes 20 de abril su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Lo hicieron luego de que legisladores oficialistas expusieran los resultados del trabajo de la Bicameral en donde se habló de un “plan sistemático de inteligencia ilegal” durante la gestión de Cambiemos.
Por su lado, el diputado Cristian Ritondo (PRO) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos y Ritondo encabezó la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.
Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.
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Ahora bien, en el dictamen, según parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.
En tal sentido, consideraron que la Comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.
“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, aseguraron.
A su vez, destacaron que la bicameral no puede “conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”. Sobre este último aspecto, enfatizaron que solo puede realizar “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.
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Por ese motivo, sostuvieron que “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan respectivamente.
En tanto, los legisladores oficialistas ya solicitaron crear una Comisión especial con más facultades para investigar a jueces y fiscales que, según ellos, participaron de este accionar.
Por otro lado, en relación a las declaraciones que tomó la bicameral, cuestionaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y que “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.
Además, argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.
Al finalizar, en torno al temor de parcialidad, puntualizaron que el diputado Tailhade no solo integra la Comisión, sino que también es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.
CFT/FF
