La Bicameral de Inteligencia terminó el informe que acusa a Macri de espionaje ilegal
Lo presentará este martes 20 de abril. En un dictamen, el oficialismo expondrá los vínculos de la AFI con operaciones políticas contra el kirchnerismo que encuadrarán dentro del "Lawfare". Quieren investigar a los jueces.
Macri y Arribas siempre jugaron juntos: en Boca, en el Gobierno y en el mundo empresario. |
Cedoc
Este martes 20 de abril a las 18 horas, la Comisión Bicameral de Inteligencia presentará un dictamen en el que expondrán los casos de espionaje ilegal del macrismo, a los cuales los enmarcarán dentro del "Lawfare" y por los cuales pedirán evaluar, mediante la creación de una nueva comisión, el desempeño de jueces y funcionarios judiciales en aquellas causas citadas.
"En el lawfare, como en la guerra, la verdad y la justicia fueron las primeras víctimas. Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa", advirtieron en el dictamen, en el cual apuntaron directamente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como el organismo máximo responsable del Estado por esos hechos delictivos entre los que citan la intervención de los teléfonos de Oscar Parrilli, la causa de Marcelo D'Alessio, las escuchas de presos K, el espionaje en el Instituto Patria, entre otros.
Y apuntaron directamente a la gestión de Mauricio Macri, a los medios de comunicación "hegemónicos" y al Poder Judicial: "Durante el gobierno que abarcó el período 2015 - 2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas".
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Según el informe, el objetivo político central era "borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015".
Sin embargo, enfatizaron puntualmente en la responsabilidad judicial, ya que destacaron que todos los accionares de la AFI tenían un aval jurídico que los justificaba: "En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el judicial".
Por eso, destacaron que pedirán la creación de una comisión que permita analizar el desempeño de la Justicia en el marco de esas causas.
"Le recomendamos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio".
"El Parlamento argentino debe ser la voz de nuestros compatriotas que quieren volver a decir NUNCA MAS a estos 'sótanos de la democracia' para asegurarse, definitivamente, vivir en paz y libertad", concluyeron.
