Juntos por el Cambio insiste en frenar la agenda judicial del kirchnerismo que ya está congelada en el Congreso
La coalición opositora hace campaña en contra de las reformas judiciales que el oficialismo propuso. Sin embargo, estas no avanzaron porque no tienen los votos en el Congreso.
Tribunales. Muy lejos de su ritmo frenético de años pasados. |
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Uno de los argumentos que Juntos por el Cambio esgrime a la hora de pedir por el voto del electorado es que son los únicos capaces de formar un bloque que frene los proyectos del kirchnerismo para reformar la Justicia. Sin embargo, en el escenario actual todos estos proyectos están frenados en el Congreso y todo indica que no serán tratados en lo que queda del año, y perderán estado parlamentario.
Una de las candidatas que más criticó en público esta iniciativa del Frente de Todos fue María Eugenia Vidal. “No hay negociaciones ni acuerdos posibles. No vamos a negociar lo que creemos. No hay un solo dirigente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma. Están en juego valores fundamentales que defendemos", dijo. Y el rechazo a la iniciativa es parte de su campaña.
El 29 de julio de 2020 Alberto Fernández presentó el proyecto que crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias, con el objetivo “en fortalecer el sistema de justicia”. "La defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma. El Poder Judicial debe estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión", dijo Fernández en aquella ocasión.
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"No hay un solo dirigente que crea que hay que dialogar sobre esta reforma. Están en juego valores fundamentales que defendemos", Vidal
En menos de un mes, el 28 de agosto, recibió la media sanción de la Cámara alta. Y hasta ahí llegó. En Diputados, el oficialismo nunca se pudo acercar al número necesario para tratarlo y ni siquiera pudo ser tratado en las comisiones que estaba previsto, la de Asunto Constitucionales y la de Justicia.
“No se trató porque no llegamos al número”, dijo en diálogo con PERFIL el titular de la comisión de Justicia de Diputados, Rodolfo Tailhade (FdT). Aunque subrayó que “en el fondo no se trató por cobardía de la dirigencia opositora”.
Así, puso la mirada en que “hay un sector de la oposición, sacando a Juntos por el Cambio, que le tiene miedo a las tapas de Clarín y La Nación”. “No quieren que los señalen como favorecedores del plan de inmunidad de Cristina y todas esas pavadas”, enfatizó el diputado.
"Espero que en la Cámara de Diputados este proyecto no duerma el sueño de los justos", Oscar Parrlli
En tanto, para Pablo Tonelli (PRO), integrante de la comisión de Justicia, la iniciativa del Gobierno no salió porque “en lugar de mejorar la justicia la empeoraría”, según dijo a PERFIL. “Eran muy malas y motivadas por intereses subalternos del gobierno”, agregó.
“Me parece que son pocos los doce juzgados federales de Comodoro Py, pero hay distintos modos de lograr esa ampliación. Hasta ahora, todo lo que ha hecho el gobierno con la Justicia busca conseguir la impunidad de ex funcionarios”, argumentó el integrante del Consejo de la Magistratura.
Rodolfo Tailhade lamenta que la ley no salga y acusa a la oposición de "tener miedo a las tapas de Clarín y La Nación"
Hacia adentro del oficialismo, el hecho que no saliera la ley generó ruido interno entre las distintas partes de la coalición. Un sector sostiene que Sergio Massa nunca estuvo convencido de avanzar en las negociaciones para conseguir los votos. Pero lo cierto es que Máximo Kirchner tampoco pudo hacer demasiado con los bloques del medio, que cada vez se ponían más estrictos en el rechazo.
La tensión llegó a un punto que el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT) la sacó a la luz en plena sesión de la Cámara alta. "Espero que en la Cámara de Diputados este proyecto no duerma el sueño de los justos como lamentablemente está ocurriendo con más de 30 proyectos de distinta índole que sancionamos", dijo en junio de este año mientras se debatía una ley de acoso callejero.
La reforma del MPF va camino a perder estado parlamentario
La reforma del Ministerio Público Fiscal también va camino a perder estado parlamentario. Esta iniciativa le permite al oficialismo correr al procurador Eduardo Casal y designar un nuevo jefe de los fiscales sin la exigencia de los dos tercios, una cifra inalcanzable para cualquier gobierno sin un acuerdo previo. La única diferencia por ahora es que en Diputados consiguió el dictamen, y está listo para ser tratado en el recinto.
“Cambió un poco cuando asumió Soria, conseguimos el despacho. Pero después no mucho más. El tema es que tampoco tenemos del todo claro si hay voluntad política en avanzar”, deslizó un diputado del oficialismo a este medio.
En el oficialismo reconocen que la intervención de Soria sirvió para conseguir el dictamen
Así, va camino a perder estado parlamentario en las próximas semanas. “Ya está descartado, es muy difícil que lo tratemos”, señaló uno de los armadores del oficialismo en el ámbito judicial.
El pliego de Rafecas tampoco avanza
El otro tema que completa la agenda judicial incompleta en el Congreso es la designación del procurador general. El candidato de Alberto Fernández es el juez federal Daniel Rafecas. Este tema tuvo distintos capítulos en la Cámara alta. En un primer momento, la oposición se negó a aprobarlo, y, como se necesitan dos tercios de los votos, el Frente de Todos congeló su pliego en en la Comisión de Acuerdos, que conduce la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), muy cercana a Crisitna Kirchner.
Sin consenso, y con ganas de correr a Casal, el Frente de Todos agarró un viejo proyecto de Juntos por el Cambio para modificar la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Hicieron algunas modificaciones para poder designar al procurador con mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Esa es una cifra que el Frente de Todos llega con los propios. Pero cuando esto se conoció, Rafecas sostuvo que le será “imposible seguir adelante con la postulación” si cambian la exigencia.
Esto no cayó para nada bien en el bloque oficialista del Senado. “¿Quién se cree que es este porteño para venir a decirnos a los representantes de las provincias lo que tenemos que aprobar o no?”, se preguntó bastante molesto un senador oficialista.
La oposición olfateó este conflicto y decidió cambiar su opinión. Le transmitió al oficialismo que estaban dispuestos a votar a favor del pliego de Rafecas. Pero no le dieron demasiada atención y fueron hacia adelante con el proyecto para reformar el Ministerio Público.
