A un año de haber sido procesados, los ocho acusados por espionaje al gobierno, entre ellos tres periodistas, seguirán imputados en la causa en la que también se investigan los delitos de asociación ilícita y encubrimiento agravado.
Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del exjefe de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre; el expolicía aeroportuario Pablo Alfredo Carpintero, el responsable del sitio de noticias Seprin, Héctor Alderete; el empresario Néstor Carlos Ick, el general del Ejército Daniel Manuel Reimundes; así como los periodistas Carlos Orlando Pagni (columinista de La Nación), Edgar Mainhard (Urgente 24), y Roberto García (columnista del diario PERFIL).
El fallo de la Sala I de ese tribunal -que es del 23 de agosto pero recién se conoció ayer- confirmó el procesamiento de Yofre como jefe de una asociación ilícita que vendería información proveniente de espionaje, que también sería integrada por Carpintero y Alderete.
A su vez atenuó la calificación del delito se les imputa a los tres periodistas, antes procesados por “revelación de secretos”, ahora considerados encubridores, lo que valdría una pena menor.
La Cámara sostuvo que se tiene por acreditado que, al menos desde agosto de 2006 hasta agosto de 2008, con la finalidad de "buscar información o noticias", los tres integrantes de la supuesta asociación ilícita interceptaron mails "de distintos funcionarios del gobierno nacional", los que "eran distribuidos entre terceras personas según su contenido e interés". Entre ellos, se encontrarían los tres periodistas.
De este modo confirmó el fallo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien procesó en septiembre de 2012 a los ocho acusados.
Según la jueza, entre 2006 y 2008 existió "una empresa criminal con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico; siendo que gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del Gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores de la Nación".
