Juntos por el Cambio envió una dura respuesta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos acerca de la presentación que hizo el Gobierno nacional en la 42° Sesión del Examen Periódico Universal (EPU), que se llevó a cabo en Ginebra el pasado lunes 23 de enero. Como se sabe, en esa cita, el secretario de derechos Humanos Horacio Pietragalla había acusado a la oposición y a parte del parte del Poder Judicial, además de medios de comunicación, de "lawfare" y "perseguir" a figuras del oficialismo procesadas o condenadas, como en el caso de la vicpresidenta Cristina Kirchner, por hechos que la justicia entendió de corrupción.
"Lamentablemente la Representación Argentina a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente", comienza el comunicado de JxC al Alto Comisionado de la ONU.
En la nota, los representantes opositores calificaron de "insólitas" las críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición, a los medios, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una detención arbitraria de la dirigente jujeña Milagro Sala, apuntando sus críticas a Pietragalla, quien como ya señalamos fue el encargado de presentar el informe kirchnerista en Ginebra.
Tras el reclamo del Gobierno, la ONU pidió que aseguren "la plena independencia" de la Justicia
La desmentida del Lawfare y el Juicio político a la Corte suprema
"Este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no sólo con la condena a la actual Vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes", acusaron.
En ese marco es que además desmintieron que los funcionarios del kirchnerismo condenados no hayan tenido instancias para defenderse ante la Justicia: "Es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Es por eso que consideraron que dichas denuncias que hizo el oficialismo en su informe son para justificar también el intento de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad".
"El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción", agregaron.
Endeudamiento de Macri
En otro tramo del comunicado, defendieron a la gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno cuando se lo acusa por la deuda contraída en esos años: "Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un 'criminal endeudamiento del gobierno anterior' en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales".
"Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta 'lawfare' utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administración de gobierno", concluyeron.
JD / HB
