En el marco del enfrentamiento tácito entre el Poder Legislativo y el Gobierno de Javier Milei, la Auditoría General de la Nación (AGN), a cargo de Juan Manuel Olmos, protagoniza un nuevo capítulo. Ante la crisis de institucionalidad que atraviesa el oficialismo, que se manifiesta no solo en fuertes derrotas legislativas sino también en una creciente desconfianza y crisis política, el titular de la entidad reclamó al Congreso que cite al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que explique a dónde fueron remitidas las reservas de oro de esa entidad financiera.
Sin las disputas internas en el Gobierno y la oposición dividida, el Parlamento aún no designó a los seis auditores necesarios para regularizar la situación y avanzar en el análisis de la ejecución presupuestaria.
En Diputados, el presidente Martín Menem impulsa un proyecto para modificar la duración de los mandatos de los auditores, actualmente de ocho años, además de cuestionar la alta remuneración que perciben, superior a los estándares de la administración pública nacional. A la par, en el Senado, hay dos proyectos similares presentados por Juan Carlos Romero y José Mayans, que limitan los tiempos de gestión de los auditores y exigir informes actualizados.
Sin cumplir con su rol de órgano de control, la Auditoría General genera demoras significativas en sus tareas esenciales, lo que repercute negativamente en otros organismos que dependen de acuerdos parlamentarios, como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Público.
Aquellos, responsables de garantizar el cumplimiento de derechos establecidos en leyes nacionales y convenciones internacionales, permanecen sin autoridades designadas, lo que los deja acéfalos al igual que el órgano.
En proceso de normalización
En la Cámara de Diputados se aprobó la designación de María Paz Bertero como defensora de las infancias, junto a Eduardo Matías Robledo y Héctor Iván Vito como defensores adjuntos. Año tras año, esta es la segunda edición del proceso de selección, tras la finalización del mandato de Marisa Graham, la primera defensora del organismo.
Siempre desde La Libertad Avanza cuestionaron el proceso, impugnando las candidaturas con posturas pro-derechos. Aún así, las autoridades de la comisión, encabezada por la diputada radical Natalia Sarapura, garantizaron la transparencia del procedimiento y destacaron la participación activa de senadores y diputados tanto oficialistas como aliados.
Al final, con 156 votos afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones, se cumplieron los plazos establecidos; ahora será el Senado quien apruebe la terna propuesta antes de finalizar el año parlamentario.
El proceso, aún sin resolución, para designar un nuevo Defensor del Pueblo en Argentina está en marcha desde el 10 de septiembre de 2025, tras 16 años de vacancia del cargo desde la finalización del mandato de Eduardo Mondino en 2009. A lo largo de este tiempo, este proceso no logró alcanzar las mayorías especiales de dos tercios en el Congreso.
El proceso es llevado adelante por la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, que aceptará postulaciones desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2025, con la presentación formal de la lista de candidatos y apertura para impugnaciones o adhesiones prevista para el 22 de octubre.
