Los planes de vivienda que financia el Gobierno, según un informe de la AGN, evidencian problemas de falta de control, irregularidades financieras, deficiencias técnicas y maniobras fraudulentas en la entrega. De esta manera, el organismo denuncia la improvisación existente y deja abierta las sospechas sobre el manejo clientelar de las viviendas y el destino final de los fondos invertidos.
La investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) se enfoca específicamente en el programa Techo Digno, y pone el eje en dos de las provincias que fueron las más beneficiadas: Buenos Aires y Tucumán. Las irregularidades, de todas formas, son similares a las encontradas en las auditorías que se hicieron a los programas Sueños Compartidos (a través de la Fundación de las Madres) y Fortalecimiento del Hábitat en Jujuy (que administraba Milagro Sala). “Los tres programas más importantes que se propuso en la última década han sido un fracaso, ya que no sólo se llevan adelante sin la adecuada rendición de cuentas, sino que además incumplen los estándares mínimos de calidad de viviendas sociales”, aseguró el titular del organismo, Leandro Despouy. Justo esta semana, Cristina Kirchner anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de viviendas en todo el país.
Parte de las obras auditadas demuestra que el título de Techo Digno es un eufemismo. “Se verificó el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social”, sostiene el informe, que fue aprobado también por los representantes del oficialismo en la AGN. En algunos casos el problema se inicia en la selección de los terrenos, que en muchos casos no son aptos para la construcción de viviendas, lo que termina provocando fallas edilicias. Otros son proclives a inundaciones o a la acumulación de aguas servidas, como en Ezeiza, por ejemplo.
La parálisis de algunas obras, en Florencio Varela por caso, deriva en un estado de abandono y deterioro de las viviendas, con robos e intrusiones incluidas.
Pero los problemas no son sólo técnicos, sino también financieros. El 88% de las rendiciones de cuentas que deben hacer los distritos por los fondos que reciben de Nación fueron presentadas de manera incompleta. Además, la AGN detectó que las cuentas bancarias que los municipios abren para administrar el dinero recibido fueron utilizadas para cuestiones ajenas al programa de vivienda, algo que está prohibido. Y también se registraron demoras, de casi un año en algunos casos, entre el momento en que el municipio recibía el dinero y cuando lo giraba a las empresas contratistas.
Otro punto controvertido es la falta de control en lo que pasa con las viviendas una vez terminadas. El 70% de las obras auditadas no había iniciado el proceso de escrituración. Y en Lomas de Tafí, Tucumán, se descubrió que el 30% de las casas realizadas tienen alguna irregularidad. Están desocupadas, deshabitadas, prestadas, vendidas o permutadas. La situación se repite por la falta de control: no hay registros de beneficiarios y adjudicatarios de los planes de vivienda.
Presentación contra De Vido
Elisa Carrió y Fernanda Reyes ampliarán la semana próxima en la Justicia una denuncia que presentaron contra Julio De Vido por el manejo arbitrario del Plan Federal de Vivienda. Sostienen que Chaco, Tucumán y Entre Ríos volvieron a ser las más beneficiadas el año pasado, con fondos que crecieron más del 200% respecto de 2012. En la denuncia inicial, la ex diputada Reyes presentó un análisis con la distribución de los programas de viviendas desde 2003 en adelante. Allí quedó demostrado cómo se benefició a las provincias “amigas”, se castigó a los gobernantes no alineados y cómo varió el comportamiento con provincias con las que tuvieron relaciones cambiantes, como Chubut o Catamarca. Todo sin tomar como parámetro los índices de déficit habitacional de los distritos.
“La plata de este nuevo plan es para De Vido, para distribuir entre las provincias amigas en un año electoral”, agregaron.
