Una de las armas que usan tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio para cargar contra el adversario en esta disputa por el Consejo de la Magistratura son los juicios políticos. De un lado como del otro amenazan con hacer estas presentaciones, que difícilmente tengan resultado.
Una de las últimas en hacerlo fue Patricia Bullrich, la titular del PRO, cuando planteó que "el comportamiento de Cristina Kirchner y de Sergio Massa en la pelea por un lugar en el Consejo amerita un juicio político”. “Toman a las instituciones como si fuesen un chicle y las manipulan de la peor manera", subrayó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.
Estas declaraciones se dieron en el contexto en el que los titulares de ambas cámaras se negaban a firmar las candidaturas de la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Luis Juez (PRO) como representantes de las minorías parlamentarias. "Hay una falta de apego total y absoluto de Cristina (Kirchner) y todo el complejo peronista/ kirchnerista respecto a las instituciones", sentenció Bullrich.
Sin embargo, los opositores no son los únicos que apelan a esta figura político-jurídica para catapultar al adversario. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, un hombre cercano a la vicepresidenta, intentó ir por el mismo camino y apuntó contra Horacio Rosatti, luego de que quedara a cargo del Consejo de la Magistratura.
"No descarto un juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es escandaloso", señaló en diálogo con la radio 990. Así también destacó que “fue una decisión ciento por ciento política” la de la corte de quedarse con la presidencia del órgano que designa y remueve jueces.
También recibió un pedido de juicio político el juez de Paraná Daniel Alonso que intentó frenar la designación de Reyes y Juez en el Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hizo la presentación correspondiente ante ese mismo organismo.
En el escrito lo acusan de "haber ordenado desconocer parcialmente un fallo firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, cargan con él por “haberse arrogado el papel de órgano revisor de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Qué es un juicio político
El juicio político es el método por el cual la democracia resolvió remover a los funcionarios públicos que no desempeñan bien sus funciones. Están previstos en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional. El primero de estos aclara que son sujetos de este tipo de juicios el “presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”.
Esto debe darse, dice la Constitución, “en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado”. Para esto se necesitan las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes”.
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El artículo 60 aclara que la decisión política de remover a un funcionario “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. “Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”, agrega la ley de leyes.
Así deja en claro que este tipo de juicios sólo pueden remover de un cargo a determinado funcionario pero lejos está de llegar a una condena.
cp
