El kirchnerismo intenta negociar un “enroque” dentro del Consejo de la Magistratura. Busca convencer a los consejeros de la oposición para que aceiten el proceso de enjuiciamiento contra Claudio Bonadio y, a cambio, estaría dispuesto a entregar a Norberto Oyarbide, ambos investigados por el organismo que designa y puede remover magistrados. La idea partió de los consejeros oficialistas de La Cámpora.
Desde que se desató el escándalo con Oyarbide luego de que suspendiera el allanamiento en la financiera Propyme tras un llamado del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, el oficialismo lanzó una estrategia de “salvataje” al juez dentro del Consejo.
Hoy el más complicado por la cantidad de pruebas que acumula en su contra es Oyarbide, sobre todo en tres de las siete causas que tiene en el Consejo: una es por no poder demostrar los gastos de su viaje al Caribe junto a su novio, Claudio Blanco; otra, por el costoso anillo de brillantes (la Justicia Federal finalmente lo absolvió), y la tercera, por la suspensión de los allanamientos en Propyme, que PERFIL reveló en diciembre pasado.
Por esta última causa, el consejero Daniel Ostropolsky elevó un pedido de citación para que Oyarbide se presente a dar explicaciones ante el Consejo, pero se tratará luego del 24 de abril, fecha del próximo plenario. El primer paso de este plan del oficialismo es tratar de acordar con la cúpula de la UCR, a través de su titular, Ernesto Sanz, para convencer a los consejeros radicales en la Magistratura, el senador Mario Cimadevilla y el diputado Oscar Aguad, según explican fuentes partidarias.
El proceso para remover a un magistrado se inicia con la aprobación de dos tercios de los votos de los presentes, por lo que cualquier tipo de “negociación” requeriría el impulso del oficialismo, que tiene mayoría. Pero el Gobierno también necesita los votos de los consejeros opositores para avanzar contra Bonadio. Este magistrado lidera su propia defensa, con el argumento de que faltan pruebas que permitan comprobar la presunta “mala praxis que denuncian en su contra”.
El juez enfrenta tres causas por presunto mal desempeño. La primera de 2002, por la trasferencia del 90% del paquete accionario de la empresa Tandanor en 1990 a otra compañía. La segunda, por su intervención en la investigación a la firma Yoma SA, señalada por fraude a la administración pública. La tercera, iniciada por Gregorio Dalbón, abogado de algunas de las víctimas de la tragedia de Once, quien pidió su remoción por mal desempeño. Las negociaciones entre el kirchnerismo y la UCR están en pleno proceso. Aún no hay acuerdo.
