La CGT da por cerrado el diálogo con el Gobierno y se endurece en la calle

La CGT termina el año recargada contra Javier Milei, con un paro nacional para el 24 de enero que no piensa bajar, a menos de que el Gobierno de marcha atrás con el DNU y La Ley Ómnibus, y sin ningún tipo de contacto con la Casa Rosada. Guillermo Francos, el ministro del Interior, hoy es el principal apuntado por la central obrera, y, pese al cuadro de situación, el oficialismo confía en abrir un canal de diálogo para que la huelga pase a mejor vida.

Todos los sectores de la central obrera, desde el ala más dialoguista integrada por los denominados “gordos” e “independientes” hasta los más combativos, con el liderazgo de Pablo Moyano a la cabeza, mastican bronca al por mayor y no pueden entender cómo la administración libertaria fogoneó un conflicto a escala y rompió puentes de conversación en tan solo semanas, con dos iniciativas que ni siquiera discutió con el arco sindical. De hecho, como supo PERFIL, en las charlas entre miembros de la CGT y funcionarios nunca se mencionó la letra chica del decreto ni el proyecto Ómnibus que debatirá el Congreso.

Desde la calle Azopardo, con el DNU en la mano, decidieron avanzar por la vía judicial, con un amparo, y una movilización a Tribunales, el miércoles pasado, que superó expectativas previas (con fuerte presencia de las bases) y que sirvió para que madure la idea de confirmar un paro y empezar a marcarle la cancha a un gobierno que sienten que “los traicionó”, como reconoce un integrante del consejo directivo.

Y ahora prometen una movilización más que contundente para el 24 de enero, con el respaldo de las dos CTA (la de Hugo Godoy y la de Hugo Yasky) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un conglomerado de organizaciones en donde pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y que cuenta con buena sintonía con la central, incluso estuvo en el cónclave en donde se definieron los pasos a seguir que se realizó el jueves pasado. Además, la organización participará de los plenarios regionales citados para el día 10 de enero, en los cuales se afinarán detalles de la medida de fuerza.

“Creemos indispensable la acción en unidad y sincronía de todos los sectores del movimiento obrero argentino para frenar el DNU y la Ley Ómnibus, iniciativas que promueven el desguace de los derechos laborales, el patrimonio común argentino y la degradación de nuestra república”, indicaron en la UTEP sobre su rol activa acerca de la acción que tendrá una marcha al Congreso de la Nación.

El paro solo se puede suspender por un motivo: si el Gobierno deja sin efecto el decreto de necesidad y urgencia, que implica cambios profundos en la legislación laboral, y la Ley Ómnibus. Un escenario que desde el oficialismo ni siquiera consideran. Es más: cerca de Milei  y en off se encargan de exhibir confianza y dicen que los puentes de contacto están totalmente abiertos. Hasta imaginan que con charlas la CGT pueda rever su postura. La estrategia contrasta con lo que dijo el vocero presidencial, Juan Manuel Adorni, que en su última conferencia cruzó al sindicalismo y se preguntó por la falta de medidas de fuerza en la gestión Alberto Fernández. Incluso, llegó a insinuar que la central sale a las calles “por otros intereses”.

Consultado por la chance de reabrir charlas y acercar posiciones para que el paro no se materialice, cerca de uno de los máximos dirigentes gremiales sueltan que “el paro se va a hacer” y no hay alternativa. “Siempre que se avanza con un paro es para lograr un objetivo, en este caso es para que tiren abajo el DNU y el proyecto Ómnibus. Si eso pasa, nos sentaremos a repensar el plan de lucha pero por el momento ni se habló de esa posibilidad”, sostuvo, a título personal y ante este medio Juan Pablo Brey, referente del sindicato de Aeronavegantes y de la Confederación Argentina del Transporte, una organización en donde pisan fuerte los Moyano.

Por otro lado, las críticas contra la gestión libertaria también apuntan contra el ministro del Interior, Francos, quien llevó adelante los primeros contactos con la dirigencia sindical y en estos momentos tiene acciones a la baja a la hora de hablar con el principal colectivo gremial. Lo que le cuestionan, principalmente, es que “no cumplió nada de lo que se había conversado, de las cosas que se habían acordado”, por lo cual el funcionario quedó “muy expuesto” en la consideración gremial, como apuntan desde Azopardo.