La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó hoy su "más enfático" rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo encargado de planificar, mantener y ejecutar la red de rutas. A partir de un comunicado firmado por el Consejo Directivo, la central sindical calificó la medida como un "ataque directo al modelo federal de país que defendemos".
Además, advirtió que esta decisión pone en riesgo a miles de trabajadores, cuya labor es fundamental para prevenir los accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte en el país.
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes la eliminación de Vialidad Nacional y la reestructuración del sistema de control y mantenimiento vial, medida que se oficializó este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 461/2025. Al mismo tiempo, la decisión también implica el cierre definitivo de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
Sobre esto, el lider cegetista Héctor Daer señaló: "El cierre de Vialidad Nacional y el despido de miles de trabajadores es un ataque directo al modelo federal que defendemos. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo".
Partiendo de esta realidad, la CGT se puso "a disposición" de las acciones y medidas de fuerza que impulsen los trabajadores afectados "para defender sus empleos y la seguridad en nuestras rutas". Esta mañana, los trabajadores de Vialidad Nacional protestaron frente al edificio ubicado en la Avenida Presidente Julio A. Roca al 700, en el centro porteño, para exigir certezas sobre sus puestos de trabajo.
Cómo se reorganiza la gestión vial con la disolución de Vialidad Nacional
En el decreto publicado en el Boletín Oficial y anunciado el lunes por el vocero presidencial se confirmó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos claves del transporte terrestre. Allí, se indica que se entregarán en concesión 9.120 kilómetros de rutas, que serán gestionadas bajo nuevas normas y controles.
Según el vocero, este organismo “se creó para facilitar la corrupción” y la medida fue tomada amparada en las facultades delegadas por la Ley de Bases al presidente Javier Milei. En busca de una gestión más eficiente, la nueva organización apunta a adaptarse a la realidad actual, con un sistema de supervisión y auditoría independiente que garantice la transparencia y el control.
A partir de esta reorganización, las funciones quedarán distribuidas así:
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El diseño y planificación de la infraestructura vial estará a cargo de la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía.
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La supervisión y control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, separando la función de adjudicar y controlar para evitar conflictos de interés.
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El mantenimiento será responsabilidad de una unidad específica, con parte del trabajo tercerizado a empresas privadas, que, según informes oficiales, obtienen mejores resultados técnicos y operativos que las áreas anteriores.
El organismo disuelto tenía una estructura de 5.184 agentes: el 67% realizaba tareas administrativas, técnicas o jerárquicas, y el 33% cumplía funciones operativas, y todos pasarán a disponibilidad con sueldo por 12 meses hasta su reubicación o despido. Según el comunicado, el cierre permitirá un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares para el Estado nacional.
A partir de este cambio, las funciones serán distribuidas entre la nueva Agencia de Control y dos unidades del Ministerio de Economía: la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.
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