La CGT apuesta a organizar el 7 de marzo la principal manifestación contra la gestión macrista desde su asunción. Buscan forzar cambios en las políticas del Gobierno, con la amenaza de escalar hacia una huelga general. Entre las medidas que esperan está el freno a las importaciones, la implementación de mecanismos antidespido y paritarias libres como ejes más urgentes.
Antecedentes para envalentonarse no faltan. Ya lograron, entre otras medidas: el pago de la deuda a las obras sociales, la modificación de Ganancias (tras voltear el proyecto oficialista), la aprobación de la Ley de Emergencia Social y la vuelta atrás del decreto para modificar el Sistema de Riesgos de Trabajo. Estos logros palidecen, empero, ante el enojo que genera entre sus afiliados una economía que no arranca, los despidos y la inflación sostenida.
Con la oposición política fragmentada –y sin perspectivas de que emerja un liderazgo peronista único en octubre–, los dirigentes sindicales quieren mostrar que tienen la llave de la tranquilidad social para constituirse en actor político central y garante de la gobernabilidad. Con ese fin, convergieron con los principales movimientos sociales el año pasado.
Ahora buscan alinear detrás de sus reclamos a la oposición y realizaron en la semana reuniones con un amplio arco político. Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, integrantes del triunvirato, lograron el compromiso de los intendentes peronistas de sumar tropa y el apoyo político de los principales partidos opositores. La adhesión multipartidaria apunta a evitar que alguna facción intente capitalizar el impacto de la marcha, como algunos creen que intentará hacer el kirchnerismo, o se acuse a la CGT de tener fines partidistas.
El día del acto habrá un corralito especial para las principales figuras políticas que adhieran. Pero el palco, los discursos y las columnas más cercanas al estrado serán exclusivos de la CGT y los dirigentes sociales aliados. También prometen sumar al acto representantes de pymes y asociaciones de comerciantes.
Tras el feriado, seguirán los contactos. El miércoles, día de la apertura de sesiones, el triunvirato se reunirá con senadores del PJ. Un día después harán lo propio con dirigentes de sociales para definir la participación de los piqueteros en el acto del 7 y el apoyo de la CGT a la marcha que realizarán la CTEP, la CCC y Barrios de Pie el 13 de marzo. A esas manifestaciones se sumó el jueves el paro de docentes (6 y 7 de marzo). Será una quincena de protestas, en un mes donde también podría haber una paro general y en el que se espera una masiva convocatoria en los actos del 24 de marzo.
Un ministro en la mira. El 7M, las tropas cegetistas marcharán hacia el Ministerio de Producción, emblema de la apertura a las importaciones. No falta alguna voz que señala que lo único que frenará el paro anunciado como parte del plan de lucha en curso es que ruede la cabeza del ministro Francisco Cabrera. Sin embargo, la mayoría se preocupa menos por los nombres que por las políticas. Pero todos quieren ver un cambio de rumbo urgente.
Por primera vez, los gremialistas apuntan con su movilización al Ejecutivo. Las dos marchas anteriores convergieron sobre el Monumento al Trabajo (29 de abril) y el Congreso (18 de noviembre). A tono con el gradualismo que quiere imponer la dirección cegetista, aún no han tomado la emblemática Plaza de Mayo como el escenario de su reclamo.
Hay dirigentes que quieren anticipar ya un paro. Ante la consulta de este medio, el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y secretario de interior de la CGT, Francisco “Barba” Gutiérrez, dijo: “El paro debe ser el 31 de marzo”. Es el aniversario de la principal protesta gremial contra la dictadura. Algunos de sus colegas ponen en entredicho la dureza que muestran los metalúrgicos, al recordar que Antonio Caló mantuvo hace unos veinte días una reunión con el Presidente y su tesorero, Raúl Torres, integró la comitiva oficial en Madrid.
Si la marcha es un éxito, antes de definir un paro se evaluará la respuesta del Gobierno. En la conducción, ciertos referentes temen “rifar” el impacto de la marcha si se sale inmediatamente a anunciar una huelga y ésta no logra aunar todas las voluntades necesarias para paralizar el país.
“Es una carrera de tres años, no hay que desgastarse”, explicó a PERFIL uno de los principales integrantes de la mesa chica. “Pegar y negociar” ha sido siempre el leitmotiv del sindicalismo peronista ortodoxo.
