Tras conocerse el millonario acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que se generó cuando el Grupo Macri manejaba la compañía, algunos miembros del oficialismo salieron a defender la decisión de la condonación de la deuda.
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, aseguró en declaraciones a radio Nacional: "A Macri (por Franco) no le perdonó un mango, ni siquiera los intereses".
"Lo que hay que tener en cuenta es que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses", expuso Mocoroa, quien precisó que en 2001 el pasivo con el Estado ascendía a $296 millones y que tras la llegada de Cambiemos al poder se acordó una transacción por $600 millones.
Otro que salió en defensa del Presidente fue el diputado nacional por el PRO Luciano Laspina al asegurar que no se trató con preferencia al padre del jefe de Estado: "No hay en ningún lugar del Gobierno vocación de estar buscando favoritismo, está concentrado en gobernar y hacer las cosas bien", a la vez que consideró que "a veces la información llega con algún detalle parcial, que genera ruido".
En declaraciones a radio 2 de Rosario, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja señaló que no conoce los detalles del acuerdo porque "no es algo que haya tenido tratamiento legislativo" y también sostuvo que no tiene claro "que la estructura societaria del Correo responda directa o indirectamente al presidente de la Nación", Mauricio Macri.
Ayer se conoció que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Estos números responden a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
