La polémica por la instalación en Neuquén de una agencia espacial china se acrecienta. La constructora a cargo de las obras es cuestionada a nivel internacional y pertenece a un consorcio empresarial inhabilitado por el Banco Mundial. Se trata de la firma estatal China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), que a su vez subcontrató a una empresa argentina amiga del poder K: Esuco SA, la constructora de Carlos Wagner, vicepresidente de la Cámara de la Construcción y uno de los proveedores de obra pública favoritos de Cristina Kirchner.
Tras una compulsa de precios, CHEC designó a Esuco al frente de las tareas de parte de la obra civil. Fuentes cercanas al entorno de Wagner confiaron a PERFIL que el ministro de Planificación, Julio De Vido, habría acercado a las partes. Wagner tiene excelente llegada al funcionario y fue adjudicatario de diversas construcciones millonarias asignadas por el Gobierno. En 2014, PERFIL reveló la conexión entre el empresario y la financiera suiza Helvetic, investigada por supuesto lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Suiza.
La obra civil se compone de tres módulos y trabajan en el lugar más de 270 obreros representados por la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y treinta profesionales y técnicos chinos. La obra sufre un retraso de seis meses debido a la falta de personal calificado y los condicionamientos gremiales para contratar trabajadores de otras provincias y países. La información fue confirmada a PERFIL por la diputada de la Coalición Cívica ARI Beatriz Kreitman, quien recorrió las instalaciones junto al director general del proyecto, Liu Yan, y el representante del gobierno provincial, Juan Darquier. A pesar de no existir datos oficiales, la instalación de la central espacial demandará una inversión superior a los US$ 50 millones.
El convenio entre la Agencia de Lanzamiento y Control Satelital de China (CLTC por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) deberá aprobarse en Diputados en las próximas sesiones extraordinarias. Legisladores neuquinos consultados por este diario denunciaron “cláusulas secretas” y exigen “mayor transparencia”. Fuentes del bloque del Frente para la Victoria (FpV) aseguraron a PERFIL que “CFK ordenó sancionar el proyecto para dar respuesta a las inquietudes del gobierno chino”. La preocupación de las autoridades asiáticas se debió a que el proyecto se frenó en el Senado por las críticas que la oposición efectuó sobre los artículos del tratado.
El convenio contempla una exención impositiva, incluido IVA, para toda operación comercial que China realice en torno a la base por los próximos cincuenta años. La diputada Kreitman criticó el proyecto al considerar que “con las dificultades que atraviesan las economías regionales, los beneficios concedidos a China son una falta de respeto”. En tanto, el secretario de Gestión Pública de Neuquén, Rodolfo Laffitte, explicó que “la provincia cedió 200 hectáreas de tierra en comodato por cincuenta años a la Conae, entidad que firmó el acuerdo con CLTC para construir la base”. La Conae se beneficiará sólo con el 10% de las actividades que desarrollará la estación espacial.
La empresa CLTC depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército chino, y los rumores sobre el uso militar de la zona tomaron fuerza. La antena parabólica que se instalará en el lugar podrá monitorear objetos alrededor del planeta y se espera que en los próximos días arribe el último tramo de más de treinta metros de altura, que permitirá una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra.
La firma china, en la mira del BM
Tras el acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, la Agencia de Lanzamiento y Control Satelital (CLTC) de China otorgó la obra a la firma estatal China Harbour Engineering Company (CHEC), filial del consorcio empresarial China Communications Construction Company (CCCC) Limited, grupo investigado por corrupción e inhabilitado por el Banco Mundial (BM)
Una de las firmas integrantes del consorcio, China Road and Bridge, fue vinculada con actos fraudulentos en Filipinas, lo que motivó a la Unidad de Integridad Institucional del Banco Mundial a imposibilitar la participación de todo el grupo empresarial en las licitaciones de proyectos de rutas y puentes financiados por el organismo internacional hasta enero de 2017.
CHEC realizó diversos proyectos en América Latina. En Costa Rica, la desconfianza en torno a la empresa fue tal que diez diputados propusieron en febrero de 2014 que la empresa jure no haber cometido actos de corrupción en el pasado. La firma fue acusada por sobornos, incumplimiento de contrato y daño ambiental en Bangladesh, Jamaica, Gran Caimán y Guyana.
En Argentina, la firma no deberá pagar ningún impuesto por la operación.
