El próximo 25 de septiembre, la justicia argentina intentará determinar si la valija con los 800
mil dólares que el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson quiso ingresar constituyó el delito
de
"contrabando" o si se trató de "lavado de dinero".
Según informó la agencia
DyN, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico convocó para ese día a una audiencia de
"mejora de fundamentos" respecto de las apelaciones que presentaron la fiscal de la causa, María
Luz Rivas Diez, y el titular de la UFITCO, Mariano Borinsky, contra
el cambio de calificación que dispuso a poco de asumir el cargo el juez Daniel
Petrone.
En junio, el juez
mejoró la situación procesal de Daniel Uzcátegui Matheus -ex vicepresidente de Petróleos
de Venezuela (PDVSA)- y de su hijo Diego, a quienes se lo investiga por
"lavado de dinero" en lugar de
"contrabando agravado". Ambos
se negaron a declarar en la Argentina y pidieron hacerlo desde el exterior por
"exhorto diplomático", y si bien en dos instancias los tribunales argentinos se lo rechazaron, la
cuestión está ahora bajo análisis de la Cámara Nacional de Casación Penal.
La Cámara no tiene plazos precisos para resolver las apelaciones después de la audiencia del
próximo 25 de setiembre y, según confirmó
DyN,
la decisión no será adoptada en el corto plazo.
Las fuentes recordaron que cuando Petrone cambió la calificación lo hizo siguiendo
un fallo de Cámara, en un voto dividido y con una formación distinta a la actual, ya que quien
definió el criterio fue el magistrado Nicanor Repetto, quien reemplazó circunstancialmente a Carlos
Alberto Pizzatelli. Hoy, este magistrado está nuevamente en su puesto, por lo que el resultado de
la apelación podría derivar nuevamente en "contrabando agravado".
Todas las fuentes vinculadas con el caso coincidieron en que "Antonini Wilson nunca vendrá a
la Argentina" y desconfiaron que los elementos de prueba que parecen surgir del juicio en Estados
Unidos puedan ser incorporados al expediente que tramita en el juzgado de Petrone.
La fiscal Rivas Diez –actualmente de licencia- pidió en diciembre pasado que todas las
desgrabaciones de conversaciones telefónicas que ahora se están ventilando en Miami. Nunca obtuvo
respuesta. Lo máximo que pudo recibió fue una promesa de que cuando concluya el proceso en Estados
Unidos podría tener posibilidades de acceder a ese material.
"Sin embargo, voceros judiciales evaluaron que 'por la forma en que fueron obtenidas esas
pruebas, con la intervención del FBI,
cualquier abogado podría pedir la nulidad de esos elementos en la causa local,
aduciendo que fue utilizado un 'agente provocador'. Hay mucha jurisprudencia que invalida esas
pruebas'", agregó la agencia
DyN.
Fuente: DyN.