La Justicia avanza sobre los funcionarios de la gestión kirchnerista y apunta directamente a la AFIP de Ricardo Echegaray por la fuga de al menos US$ 300 millones entre 2013 y 2015. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes judiciales de la causa que en los últimos días fue foco de las controversias por las declaraciones de Mariano Martínez Rojas, ex dueño de Tiempo Argentino, quien reveló en una entrevista con este medio cómo él y un grupo de socios sacaban el dinero del país con complicidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A través de empresas truchas simulaban importaciones para fugar dólares durante el cepo cambiario y ocultar a los verdaderos dueños del dinero. Las sospechas apuntan a empresarios y funcionarios.
¿Qué rol jugó el fisco? El juez federal Gustavo Meirovich investiga cómo integrantes de la AFIP habrían vulnerado el sistema informático para reducir los controles del organismo sobre este grupo de empresas fantasma que utilizaba la organización para sacar el dinero. Para la Justicia, “vulneraron el sistema” de la AFIP para posibilitar la maniobra y buscan identificar a las autoridades que dieron las directivas para que eso fuera posible.El juez, que pidió la captura internacional de Martínez Rojas, sigue con desconfianza las declaraciones del imputado, que se encuentra en los Estados Unidos, supuestamente negociando la entrega de información a las autoridades de ese país a cambio de no ser extraditado a la Argentina. Sin embargo, PERFIL pudo corroborar que algunos dichos de Martínez Rojas coinciden con la información que maneja la Justicia. La AFIP cuenta con una serie de requisitos que permiten a su sistema detectar riesgos en los contribuyentes ante movimientos de dinero que no coinciden con el perfil de la empresa o individuo. Esos requisitos son cargados en el sistema y controlados por personal del organismo. ¿En qué coinciden los dichos de Martínez Rojas y la investigación judicial? Ambos sostienen que las autoridades alteraron el sistema informático de la AFIP, modificando los requisitos y las exigencias habituales. “Había empresas que no podían justificar ni el pago de la tarjeta SUBE y obtuvieron permisos para exportar, sacar dólares al exterior y nunca ingresar la materia importada”, aseguró una fuente judicial. En las últimas semanas, el juez Meirovich pidió a la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y a las áreas de Economía que le envíen toda la información interna que encuentren sobre qué autoridades dieron la orden de bajar controles y alterar requisitos en el sistema informático de la AFIP en los casos que investiga.
“Había que repartir en la Aduana, la AFIP, gerentes de bancos y después, jueces. El límite de plata que se podía sacar por día era de US$ 150 mil por empresa. Pero no convenía. Ibamos variando las cifras y cuando parecía que estaba todo bien y estaba el okay de la AFIP le metíamos US$ 149 mil todos los días en las treinta empresas que usábamos”, agregó el imputado.
Los bancos también jugaban un papel. “A cambio de un porcentaje de cada operación, los gerentes permitían abrir cuentas a nombre de estas empresas truchas y bajaban las alertas, que saltaban porque eran empresas recién creadas, sin declaraciones juradas ante la AFIP ni documentación respaldatoria para manejar el dinero que sacaban”, dijo Martínez Rojas. “La AFIP es el eslabón número uno. Después la Aduana. Sin esas dos patas no podías hacer el negocio. Después vino una tercera pata: el Poder Judicial. Empezaron a pedir autorización de jueces para habilitar los permisos para importar”.
Una prueba de que habrían vulnerado el sistema, según Martínez Rojas, es que las empresas truchas que figuraban importando no pagaban IVA. “Cualquier empresa que hace una operación comercial tiene que pagar IVA. Pero si mirás un detalles en los datos internos de estas empresas, el IVA daba siempre cero, no pagaban impuestos”, agregó.
