La detención del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López revolucionó la escena política. Para la Justicia, que investiga al exfuncionario por enriquecimiento ilícito, la clave está en descubrir el origen de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez.
Más allá del rol del exministro Julio De Vido –que podría vincular el dinero a la obra pública–, la Justicia tiene en la mira a dos mujeres fundamentales para la causa: María Amalia Díaz (60) y Lucila Amalia Corvalán de Díaz (87); la mujer y la suegra de López.
Si bien el rol de las mujeres de López no es nuevo, sus nombres cobrarán vital importancia en las próximas horas. El juez Daniel Rafecas esta mañana dispuso –en colaboración activa con el fiscal de la causa, Federico Delgado– que se requiera a las compañías de telefonía y a la Comisión Nacional de Comunicaciones las llamadas entrantes y salientes efectuadas tanto por el exsecretario como por ambas mujeres.
Rafecas dio absoluta libertad a Delgado para que analice "celdas, antenas y cualquier otro elemento que considere, dentro del período que estime pertinente, así como la realización de cualquier otra diligencia que fuese relevante en el mismo sentido".
Y es que, tal y como señalaron a Perfil.com fuentes vinculadas a la causa, las mujeres habrían estado en comunicación con López en los minutos previos a que saliera desde Tigre hacia General Rodríguez con los millones en el baúl de su camioneta Chevrolet Meriva. ¿La hipótesis? "Alguna de ellas puedo haberlo alertado de un allanamiento y eso lo llevó a intentar ocultar la plata", confiaron.
Antecedentes. El juez Daniel Rafecas quiso confirmar desde 2008 si José López cometió enriquecimiento ilícito pero las pruebas no alcanzaban para llamarlo a indagatoria. En aquel entonces, tan sólo entre 2003 y 2008, las declaraciones juradas del exsecretario demostraban que se enriqueció un 449%.
Desde aquel entonces, la investigación ya incluía a su esposa y a su suegra. El aumento exponencial de su patrimonio se explicaba gracias a La Araceliti SA –una empresa agropecuaria dedicada al cultivo de caña de azúcar, soja, maíz y tabaco– que López tenía junto a su mujer María Amalia Díaz en sociedad.
Sin embargo, la detención con López en el monasterio de General Rodríguez dio un giro a la causa ocho años después. Por eso, Rafecas dispuso, a los pocos días del arresto, la inhibición general de sus bienes pero también los de su esposa y su suegra. Las propiedades de las mujeres también fueron allanadas.
Como si fuera poco un contrato con la firma Austral Construcciones, representada por Martín Báez (hijo de Lázaro), dejaba constancia de un alquiler de una propiedad –en la Avenida Néstor Kirchner (ex Julio Roca) 2160 de Rio Gallegos–por parte de ambas mujeres.
El contrato hallado en la propiedad de Tigre de López data de febrero del 2009 y fue por un plazo de 24 meses, pero se habría renovado en sucesivas oportunidades hasta la actualidad.
* De la redacción de Perfil.com | Twitter: @hernangsoto
