Tarde o temprano, el presidente de Enarsa S.A., el ingeniero Exequiel Espinosa, al titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti y a la licenciada Victoria Bereziuk, deberán explicar que sabían del viaje a nuestro país de Guido Antonini Wilson, el venezolano que viajó con ellos y traía la valija de los 800 mil dólares.
Y esta investigación por parte de la Justicia en lo Penal Económico, se suma a la de otros funcionarios complicados del gobierno nacional. La ministra de Defensa, Nilda Garré, y la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, deberán declarar en los próximos días como sospechosas en el marco de dos causas distintas.
Por su parte, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, también es investigada por la presunta comisión de irregularidades y, además, está bajo la lupa el INDEC; el fiscal Carlos Stornelli pidió que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y las funcionarias Beatriz Paglieri y Ana María Edwin declaren como sospechosos de adulterar los índices de precios.
En tanto, se espera la definición de las situaciones procesales de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, los dos funcionarios echados del Gobierno por el caso Skanska. Todo eso, mal que le pese al gobierno, conlleva un innegable peso electoral cuando faltan apenas dos meses para las elecciones nacionales.
