De las múltiples lecturas que tuvo el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del Gobierno porteño para sostener la presencialidad en la educación, los asesores jurídicos de Horacio Rodríguez Larreta encontraron un artículo que podría ser clave para el futuro.
Si bien el fallo refiere al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que venció la semana pasada, los ejes de la argumentación de los jueces del máximo Tribunal de Justicia dejaron sentados una serie de considerandos que la Ciudad ya tomó como base para futuras discusiones político-jurídicas.
En ese marco, uno de los puntos centrales tiene que ver con el proyecto de ley que anunció el presidente Alberto Fernández la mañana del pasado viernes, cuando anunció una nueva etapa de restricciones para el área Metropolitana y, quizás a sabiendas de un fallo en contra, mencionó que enviaría esta semana un proyecto de ley que contemple en qué circunstancias la Nación podría decidir sobre la vida de las provincias y la Ciudad.
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Aunque no dio más detalles, fue un intento de zanjar la cuestión con Larreta: un proyecto de ley para evitar la litigiosidad que supuso el cierre, sin consenso, de escuelas por parte de su primer DNU. En principio, sería una iniciativa en la que ya trabaja Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, que contendría parámetros generales a partir de los cuales una provincia o región debe avanzar en determinadas restricciones.
En ese contexto, mientras los asesores jurídicos del jefe de Gobierno trabajaban en cómo continuar con el tema, el fallo de la Corte Suprema le dio un aval intrínseco a la Ciudad, si es que el proyecto que enviaría la Casa Rosada, tiene un trámite exprés en el Congreso.
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Se trata del artículo 13 del fallo de 91 páginas que emitió el máximo Tribunal. En particular, en el escrito que presentaron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los dos juristas que más saben de federalismo en la Corte.
En él se puede leer: “La CSJN (Corte Suprema) destaca que no analizará el instrumento jurídico del DNU y, aunque la suspensión de clases se hubiera hecho por ley formal del Congreso de la Nación, la decisión respecto de que se ha vulnerado la autonomía de la Ciudad se mantendría incólumne”.
Es decir, aunque se apruebe una ley – que habría que ver si logra una mayoría en la Cámara Baja – el máximo Tribunal ya se expidió sobre la potestad del Gobierno porteño para decidir si hay clases o no en la Capital Federal. Lo mismo se extiende a otras provincias. Por caso, Mendoza, gobernada por el radical Rodolfo Suárez, también eligió continuar con la presencialidad en las aulas.
es / ds
