La absolución de todos los acusados en el caso Marita Verón fueron absueltos y hubo estupor en la sociedad. Para peor, no hay una buena perspectiva legal para poner freno a las redes de trata en todo el país. La semana pasada, la nueva Ley de Trata de personas (Ley 26.364) perdió estado parlamentario por omisión del bloque kirchnerista.
En 2008 se sancionó Ley 26.364 "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas". Pero una de las críticas a la misma fueron las bajas penas que se establece.
La nueva ley proponía un aumento de pena, quitar el consentimiento (mayor de edad que que consiente ser traficado no es delito) y tener un protocolo de asistencia a víctimas. Fue presentado en 2010 y aprobado en Diputados en 2011. Cuando se trató en el Senado fue modificado y regresó a la Cámara Baja. Nunca se aprobó.
Y eso que la presidenta Cristina Fernández le entregó a Susana Trimarco en Plaza de Mayo los premios "Azucena Villaflor" a los Derechos Humanos, en el marco de la "Fiesta Patria Popular" por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.
Código laxo. El castigo que hoy estipula el Código Penal por "trata de blancas" es 3 a 6 años de prisión, según el artículo 145 bis. “Si pensaramos a la trata de personas como una empresa, lastimosamente Argentina sería un país ideal para invertir”, se lamentó Mario Ganora, abogado especializado en trata, en diálogo con Perfil.com.
El vicepresidente de la ONG La Alameda advirió que el artículo 167 quater, incorporado al Código Penal en 2004, establece que el “abigateo” (el robo de ganado) en condiciones de violencia, lleva una pena superior al secuestro de una persona", por ejemplo..
“El Código Penal siempre refleja los valores de una sociedad y el nuestro le brinda más protección a los derechos de propiedad sobre una vaca que a la libertad de una persona”, opina Ganora, quien viajó por distintas partes del mundo estudiando cómo se conforman las redes de trata.
“Corrupción policial y política; legislación incongruente; sectores altamente empobrecidos; un mercado de consumidores. En Argentina se dan todos estos factores. Ni siquiera existe un registro nacional de personas desaparecidas”, concluye con contundencia
Palabra santa. La periodista mexicana Lydia Cacho, autora del libro Esclavas de poder, una investigación sobre la trata de mujeres en América Latina, Europa y Asi, estuvo en el país en abril de este año y criticó la connivencia de las autoridades gubernamentales con las redes de trata y prostíbulos.
"Nunca he visto tanta resistencia por parte del Estado argentino para poder aceptar que se establezca una ley contra la trata de personas, particularmente contra la explotación sexual comercial. Nos queda claro a nivel internacional que la cultura prostibularia en la Argentina no podría existir sin el apoyo, la protección, no solo de miembros que pertenecen al Congreso y al Estado, sino también y sobre todo por la protección de militares”, denuncia la periodista especializada.
La activista mexicana elogió la labor de las ONG: “No he visto casi en ningún país del mundo un trabajo tan efectivo por un lado, y por otro lado tan fustigado por la sociedad, como el de las organizaciones civiles como La Alameda y otras que trabajan en Argentina para rescatar a las víctimas de trata, para acompañar esos procesos judiciales, para intentar una transformación del sistema de justicia penal, que incluya a los juicios, incluidos de trata de personas”, señaló Cacho.
