El proyecto oficial con el que se busca modificar el sistema de inteligencia nacional todavía no fue aprobado en el Congreso, pero sin embargo ya se visualiza un camino de impugnaciones judiciales. Sectores de la oposición ya están evaluando denunciar la inconstitucionalidad de algunos puntos, y fuentes de los tribunales de Comodoro Py anticipan que probablemente la lectura de muchos de los jueces sea coincidente.
El principal punto de discordia es que la Procuración General, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó, se haga cargo de la dirección de Observaciones Judiciales, conocida coloquialmente como Ojota. Es la oficina encargada de hacer las escuchas telefónicas y demás interceptaciones de comunicaciones.
Desde que se conoció el proyecto comenzaron a surgir voces que criticaban ese punto, al considerar que siendo los fiscales una de las partes en disputa era controvertido que se ocupasen de generar la escuchas. Y reclamaban, en cambio, que se encargara de eso un organismo que no estuviera involucrado en las disputas. Ponían como ejemplo, sobre todo, a la Corte Suprema. El gobierno nacional sostiene que el modelo se tomó de otros países del mundo, donde es el Ministerio Público Fiscal el que realiza las escuchas; sin embargo, esto genera de todos modos controversias.
La diputada Patricia Bullrich, en diálogo con PERFIL, adelantó que junto a miembros de su bloque (Unión PRO) están esperando a que finalmente se apruebe la iniciativa del Gobierno para denunciar su inconstitucionalidad en la Justicia. “Vamos a hacer la presentación una vez que se complete el trámite legislativo”, adelantó.
Oficialistas y opositores, que no están formando parte del debate (excepto el bloque del Peronismo Federal en el Senado), dan por descontado que el proyecto que entre otras cosas disuelve la ex SIDE para crear una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) será aprobado la semana del 25 de febrero. El objetivo del oficialismo es tener la ley antes de que Cristina Kirchner se presente ante el Congreso para iniciar las sesiones ordinarias, el 1º de marzo. Y tenerla en funcionamiento en los primeros meses del año. Esto incluye el envío del pliego para designar al director, que requiere acuerdo del Senado, por mayoría simple.
Los diputados macristas también tienen previsto poner en la mira el artículo del proyecto que establece que funcionarios de Inteligencia, por un simple acto administrativo, puedan decretar la destrucción de datos “que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley”. Ese punto también fue criticado por otros dirigentes de la oposición, que temen que en el pase de la Secretaría de Inteligencia a la AFI se aproveche para destruir pruebas recolectadas en los últimos años.
En los pasillos de Tribunales ya se está generando la percepción de que es difícil que la iniciativa pase por el control de constitucionalidad. Esta discusión, además, se da en el marco de la disputa que sectores de los jueces están teniendo con la líder de los fiscales, Gils Carbó, sobre todo por el poder que el nuevo Código Procesal Penal les asigna a estos últimos.
Es por eso que son pocos los que creen que pueda ser finalmente la Procuración General la encargada de hacer las escuchas telefónicas de Inteligencia.
