El nuevo Código Procesal Penal se convirtió el jueves por la noche en ley y la oposición ya está hablando de derogarlo o modificarlo. Pero la mira principal no está puesta en el articulado de la norma sino en el control que se tendrá sobre los fiscales y, sobre todo, en la jefa de los fiscales, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
“Vamos a derogarlo”, es la respuesta inicial de Sergio Massa, quien pretende reemplazar el texto recién votado por un proyecto propio. Desde el macrismo, Patricia Bullrich también habló de derogarlo, aunque en su caso por la falta de debate que tuvo en Diputados. “Esta imposición de la mayoría, esta tentación hegemónica, este desborde autoritario permanente, será derogado en el próximo período, como se derogó la ley de autoamnistía de Bignone”, expresó la diputada. En los hechos, sin embargo, todos hablan de modificar artículos puntuales, porque en esencia están de acuerdo con el paso de un sistema inquisitorio a uno acusatorio en la Justicia.
“El problema es la designación y control de los fiscales. No existen mecanismos de contrapeso en el Mnisterio Público y la procuradora pertenece a la Justicia militante. En mi gobierno, vamos a reformar los mecanismos de designación de los fiscales”, explicó el radical Julio Cobos. Coincidió la socialista Alicia Ciciliani, quien afirmó que es “necesario garantizar la independencia de los fiscales del poder político”.
Bullrich, por su parte, explicó que desde su bloque propondrán crear una “junta de fiscales”, con el afán de “morigerar el poder del procurador, que es unipersonal”. Esa junta tendría la responsabilidad de ordenar los juicios y dictámenes, y llevar adelante los juicios internos. “Es redistribución del poder”, agrega luego de recordar el caso del jury al fiscal José María Campagnoli.
Fiscales. Junto a su propio Código Procesal Penal, Massa presentó una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. En el proyecto se impone un límite de seis años al cargo del procurador general, y cambia el sistema por el que puede ser removido. Además, establece un proceso de designación de fiscales por concurso y audiencia pública, y otorga mayor autarquía presupuestaria. También propone la creación de más fiscales de distrito, “para que no estén todos metidos en Comodoro Py”, explica el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez.
Con respecto al Código, la oposición quiere agregar los juicios por jurados, darles mayor participación a las víctimas en el proceso y ampliar la atribución de las ONG como querellantes en causas de corrupción. A la vez, buscará derogar el artículo 5, que dificulta la reapertura de las causas.
El futuro de la procuradora
El futuro de Alejandra Gils Carbó será una cuestión de discordia en caso de que el próximo gobierno provenga del arco opositor. Juntar los dos tercios necesarios para removerla o presionarla para que renuncie son las dos alternativas con las que cuenta la oposición.
Según la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, el cargo tiene una estabilidad similar a los jueces de la Corte: se puede mantener en el cargo hasta los 75 años y sólo pueden ser removidos a través de un juicio político. Sectores de la oposición confían en que Gils Carbó dará un paso al costado luego de haber quedado identificada con el kirchnerismo. Su antecesor, Esteban Righi, también renunció.
La alternativa de juicio político es más compleja. Primero debe ser acusada por la Cámara de Diputados por mal desempeño de sus funciones y luego condenada en el Senado con el voto de dos tercios de los miembros presentes. Con un Congreso que probablemente quede dividido, esa mayoría difícilmente se consiga.
