“Está viviendo una situación mucho más que crítica”. Con esa frase se refirió el presidente electo, Alberto Fernández, al estado actual de la Justicia. Fue en el atardecer del viernes 6 de diciembre, en la conferencia de prensa en la que anunció su gabinete. De hecho, la mención sobre el tema fue precisamente cuando anunció a la abogada Marcela Losardo como futura titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En su exposición sobre la Justicia, Fernández también habló de la necesidad una “revisión seria para que funcione correctamente”.
El pasaje del presidente que asumirá en 48 horas duró cerca de un minuto y medio, pero su impacto fue mucho mayor en la órbita judicial, que espera con atención lo que sucederá del martes en adelante.
“Saben ustedes lo que me preocupa la Justicia. Creo que está viviendo una situación mucho más que crítica en sus diferentes niveles, en el orden federal, en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, detalló Fernández. Y agregó: “Creo que necesitamos una revisión seria y definitiva para que la Justicia funcione, de una vez y para siempre, correctamente”. Luego de lo cual aclaró, “para que nadie equivoque estas palabras”, que creía que no se trataba de un problema centralmente de jueces: “Son muchos más los jueces dignos, honestos y trabajadores que los que no lo son”.
Al tiempo que agregó: “Es un tema del que desde hace años vengo estudiando con Marcela”, en referencia a Losardo, sobre quien resaltó: “Tengo confianza absoluta y conoce la Justicia como pocas personas”.
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Socios. Losardo es casi un álter ego de Fernández. Se conocen desde los tiempos en los que ambos eran estudiantes universitarios y desde entonces siempre trabajaron juntos, tanto en el sector privado como en el público. Por estos días, Losardo se perfila como la principal encargada de llevar adelante muchos de los desafíos que se propone la gestión en una de las áreas institucionales más fuertes y sensibles del país. Aunque por el momento en el gobierno entrante hay reserva sobre los principales temas que se abordarán en la eventual reforma del sistema judicial, la “federalización” de los juzgados ordinarios y una mayor celeridad a la hora de implementar el sistema acusatorio en todo el país serían los puntos que podrían “picar en punta”.
En ese escenario de reforma, se vuelve central la idea de “licuar” el poder de los jueces federales de Comodoro Py, escenario por el que pasan, en especial, las principales causas de corrupción.
De momento, todo indicaría que podría buscarse “federalizar” la Justicia Penal Ordinaria, lo que haría en la práctica que las denuncias pasaran a ser sorteadas entre más de sesenta juzgados en lugar de 12, y entre casi veinte camaristas en la etapa de revisión, en lugar de seis. Para eso se necesitaría una ley y, por ende, consenso. Aunque no parece fácil, tampoco es imposible, y en principio no habría urgencias para lograrlo. La política tiene muchas diferencias, pero estas podrían achicarse cuando se habla de reducir el poder de los magistrados.
En paralelo, está la implementación del sistema acusatorio, que ya se aplica en Salta y Jujuy, y cuyo desembarco en Comodoro Py recién está planeado por el cronograma que deja la gestión macrista para 2025.
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Tanto en tribunales como en la política, hay críticas a esa implementación progresiva y se baraja que el salto pueda ser más rápido. Es otro de los elementos importantes que reducirían el poder de los magistrados, ya que el rol preponderante en ese tipo de casos está en los fiscales, que son quienes llevan adelante la investigación.
Área sensible
- En la presentación de su gabinete, Fernández manifestó su “preocupación” por la situación “crítica” que atraviesa la Justicia.
- Habló de la necesidad de una “revisión seria, para que funcione correctamente”.
- “Son muchos más los jueces dignos, honestos y trabajadores que los que no lo son”, sostuvo el presidente electo.
- Justicia Federal y Consejo de la Magistratura son dos de los ejes de mayor preocupación.
- Podría buscarse reducir el poder de los jueces federales.
- También imprimir mayor celeridad a la implementación del sistema acusatorio.
