La profanación de la tumba de Perón, un atentado a la democracia que sigue impune

Un año atrás, el juez Alberto Baños pidió al entonces presidente Néstor Kirchner, a través del Secretaría General de la Presidencia , a cargo de Oscar Parrilli, que se abrieran los archivos de inteligencia sobre el robo de las manos de Juan Domingo Perón.

Habían pasado 20 años desde la profanación y, a pesar de los nombres y elementos que tras 10 años de investigación volcamos en el libro "La segunda muerte", la justicia se veía impotente frente a la posibilidad de alcanzar a los culpables del crimen.

Kirchner transmitió a través de Parrilli su voluntad de abrir los archivos. Paralelamente se llevaron adelante gestiones con el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández. El Estado argentino tiene una responsabilidad determinante en la revelación del crimen porque los nombres identificados en la investigación periodística apuntan a agentes de inteligencia que operaron bajo las órdenes del Ejército. Forman parte de un pasado siniestro. Pero la justicia es la forma de garantizar un futuro sin impunidad.

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad transmitida por intermediarios, los archivos no se abrieron. La oscuridad se mantuvo.
La profanación en la tumba de Perón fue un atentado contra la Democracia , no contra un sector político en particular, de la misma manera que la voladura de la AMIA fue un ataque contra todos los argentinos.

El Estado argentino debe responder al robo del expediente judicial volcando todo su vigor en colaborar con Baños y terminar con dos
décadas de impunidad. Ahora, más que nunca. Ellos siguen al acecho.

(*)Autores de La Segunda Muerte, Editorial Planeta.