Después de un holgado triunfo de su delfín, Juan Schiaretti, en las PASO y en el momento que comenzaba a probarse el traje de presidenciable peronista para el 2015, el gobernador cordobés, José Manuel De la Sota, debió soportar la peor semana de su gestión.
El golpe más duro se dio en materia de seguridad. En la jornada de ayer renunció el ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y el jefe de la Policía, Ramón Frías, a raíz de la causa judicial que investiga los supuestos vínculos entre efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas y narcotraficantes. La investigación del programa ADN, donde se mostraba la presunta relación de policías cordobeses con el negocio de la venta de drogas, motivó al fiscal Enrique Senestrari a tomar cartas en el asunto y desde ahí el caso se transformó en un “culebrón” que ya cuenta con un suicidio, varios policías detenidos y al ministro de Seguridad presentando la renuncia, junto a la plana mayor de la fuerza policial. El escándalo implica poderes muy fuertes en esa provincia y nadie sabe cómo terminará.
El gobernador intentó mostrarse rápido de reflejos y anunció que envió a la Legislatura una modificación de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico. “La designación del jefe de esa dirección será aprobada por la unicameral, previa audiencia pública, el mismo método que se usa para elegir al Fiscal General de la provincia”, precisó en diálogo con Cadena 3. “También planteó que todos los que trabajen en la dirección deberán presentar una declaración jurada de su patrimonio anualmente”, agregó.
De la Sota también consideró que el tema es político y que paga las consecuencias de su abierto enfrentamiento con el gobierno nacional. “Pareciera que el flagelo mundial de la droga en Argentina tiene colores políticos y sólo aparece en provincias que tienen una posición independiente como Santa Fe o Córdoba”, señaló al respecto el gobernador.
El primer dolor de cabeza llegó de la mano de los incendios, una tragedia inesperada que afectó, según los primeros cálculos, unas 50 mil hectáreas. Si bien las altas temperaturas, y los pastizales secos tras el invierno hicieron lo suyo, al mandamás cordobés le cuestionan con dureza la utilización de los fondos provenientes del “impuesto al fuego”. Para combatir los incendios se creó, en 2004, a través de la Ley 9.147, un fondo específico que se nutre de los aportes de los usuarios de Epec y de las cooperativas de energía. Por eso, en cada boleta de luz, los cordobeses realizan un aporte destinado a que el impacto de las llamas sean cada vez menores. El Plan Provincial de Manejo del Fuego tuvo en 2012 un presupuesto de unos 60 millones de pesos y desde la oposición llovieron las críticas por el manejo de esos fondos y solicitaron al Ministerio de Finanzas que explique el destino de las abultadas cajas designadas para combatir los incendios. Incluso, el abogado penalista Carlos Laje presentó una denuncia particular contra el gobierno y el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Marcelo Zornada, por considerar que hubo “negligencia o impericia en el Estado provincial en proveer los elementos para evitar esta tremenda propagación”.
